El lunes, en Los Pinos, se realizó la reunión final en la que las autoridades que participaron en la integración del Acuerdo de Convergencia le dieron el visto bueno al borrador.
Debo decirles que en esa reunión, el presidente Vicente Fox estampó la firma del acuerdo que se libera entre hoy y mañana para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación -ya ven que ahí hay que formarse- en los primeros días de la semana que entra -yo diría que el martes.
A la reunión asistieron el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola; el subsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth -por ahí andan difundiendo que lo dejaron fuera de la jugada al final y eso permitió concluir el acuerdo, cosa que obviamente duele mucho a los monopolizadores de contenido televisivo, y ¡póngase el saco a quien le quede!-; el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna Jaime; el presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, y el presidente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Carlos García Fernández.
¿Se preguntará por qué tanto comisionado?… Sencillo. Porque hace un año se concretó el compromiso de concluir el Acuerdo de Convergencia en materia de telecomunicaciones como parte de las 36 acciones en igual número de sectores, detonantes de la competitividad. La prisa no anda en burro, pues a quien no cumpla, le aplican la Ley de Responsabilidades.
Sin embargo, cuando se iniciaron las negociaciones, y ante la posibilidad de que Teléfonos de México, que preside desde la semana pasada Jaime Chico Pardo -no le sorprende a esta chequera su ascenso a estratega en jefe de la joya del Grupo Carso realizada por el jefe máximo del mismo, Carlos Slim Helú-, ejerciera plenamente su capacidad de presión política y captura regulatoria, los cableros encabezados por Alejandro Puente pidieron que la CFC y Pérez Motta emitieran una opinión para la integración del Acuerdo, a fin de asegurar fair play.
Esta chequera sigue sosteniendo que la suscripción del Acuerdo y el Acuerdo mismo serían un ejercicio innecesario si se aplicara cabalmente lo que establece la Ley de Telecomunicaciones en materia de convergencia, interoperabilidad y portabilidad de redes fijas o móviles, pero parece que resulta necesario, porque todos hicieron su tarea de obstrucción para que no se aplicara la ley.
Por lo pronto, el acuerdo tiene ajustes respecto al calendario original. Se ampliaron de 30 a 60 días hábiles los plazos para que la Cofetel, apoyada en un Comité Consultivo ad hoc, emita la regulación de portabilidad e interoperabilidad, luego de que los cableros que quieran -no hay obligación, pero sabrán si se la pierden- suscriban el Acuerdo y se proceda a la modificación de sus títulos.
También amplía de 30 a 60 días el plazo para que la Cofetel confirme que Telmex ya cumplió e hizo efectiva la interconexión y portabilidad, para que se le modifique su título de concesión.
En el ínter, la Cofetel deberá determinar si Francisco Gil, secretario de Hacienda, tiene o no razón para que el gobierno le cobre una «prima» a Telmex para ampliar su concesión -suena razonable fiscalmente, pero también podría ser litigable, pues se argumentaría iniquidad jurídica si no se hace lo propio a los cableros al ampliar su concesión, y a todos los que entren en el triple o cuádruple play.
Fuente: El Economista, Alicia Salgado
