Mientras que en 1998 se pagaron 600 millones de pesos por 10 megahertz, en el concurso de 2004 sólo se erogaron 17.6 millones de pesos por el mismo ancho de banda, y cuyo valor actual es de 18.7 millones de pesos
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) planteará a la Secretaría de Hacienda una modificación al régimen del cobro de derechos por el uso y explotación del espectro, debido a que con este esquema el gobierno federal ha recaudado cantidades muy bajas por las concesiones de las frecuencias de telecomunicaciones.
Lo que un concesionario pagó por una capacidad de 10 megahertz (MHz) en la subasta de 2004 fue sólo 3.1% de lo que se erogó por la misma cantidad de espectro en el concurso de 1998, en la región 9, que incluye la ciudad de México y zona metropolitana.
Mientras que en 1998 se pagaron 600 millones de pesos por 10 megahertz, en el concurso de 2004 sólo se erogaron 17.6 millones de pesos por el mismo ancho de banda, y cuyo valor actual es de 18.7 millones de pesos.
Esto debido a que a partir de 2003entró en vigor el artículo 244B de la Ley Federal de Derechos, que establece un pago anual a los concesionarios de frecuencias. Ante esto, los participantes en la subasta de 2004 hicieron ofertas muy bajas debido a que descontaron el pago que tendrían que hacer al fisco durante los siguientes 20 años de vigencia de su concesión.
Los concursantes sabían que tendrían que pagar aproximadamente 115 millones de pesos anuales, además del monto ofrecido para quedarse con la concesión de la frecuencia, por lo que en total tendrían que cubrir más de mil millones de pesos.
Si bien es cierto que para el fisco este esquema resultaba mas benéfico, porque el gobierno recaudaría más, en la práctica fue todo lo contrario, pues todos los concesionarios. Telcel, Iusacell, Movistar y Unefon, se ampararon contra el pago de los derechos.
El artículo 244B de la Ley Federal de Derechos, según la Cofetel, es fácilmente recurrido en los tribunales, por lo que si los concesionarios obtienen un fallo en su favor que determine la invalidez o nulidad de la aplicación de esta disposición, entonces estas empresas terminan pagando un monto mínimo por un recurso extremadamente valioso como es el espectro.
Ante esto, las empresas que ganen el amparo dejarán de pagar al fisco en los siguientes 20 años alrededor de 115 millones de pesos anualmente.
Un ejemplo: una telefónica que obtuvo una concesión en la región 9, que incluye la ciudad de México y zona metropolitana, y que logra una resolución judicial en su favor que lo exenta de pagar los derechos anuales, en lugar de pagar entre mil y mil 580 millones de pesos (suma de los 18.7 millones de pesos de la postura ganadora y el valor presente de los 20 años de pagos de derechos) terminará pagando solamente lo que ofreció en la subasta, es decir, 18.7 millones de pesos.
Pero si en caso contrario pierde el amparo, pagará una cantidad excesiva con repercusiones importantes para el mercado.
Como resultado de ello, el pago de estos derechos ha resultado contraproducente para el gobierno federal en términos recaudatorios, y al mismo tiempo distorsionan el diseño de las subastas y pueden afectar la competencia con los precios que se ofrecen a los usuarios, destacó la Cofetel.
Además se debe tomar en cuenta que la situación de la industria en 1998 era totalmente distinta de la de 2004, pues en la última subasta el sector se encontraba levantándose de una difícil situación.
El órgano regulador planea reunirse con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Sánchez Ugarte, para revisar este régimen de derechos y analizar las implicaciones que ha tenido y las que tendrá en el futuro, porque las concesiones que se están renovando tendrán que empezar a pagar esos derechos.
En estos trabajos conjuntos entre la Secretaría de Hacienda y Cofetel se deben conciliar las dos caras del Estado: la de recaudador y la de promotor de infraestructura y desarrollo de las telecomunicaciones.
Fuente: El Universal, México
