En medio de las histéricas y altamente politizadas discusiones sobre las reformas del año pasado a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, es de lamentar la relativa poca atención que recibe la entrada de la portabilidad numérica, modalidad que permitirá a los usuarios de servicios de telefonía (móvil y fija) conservar su número telefónico cuando deseen cambiar de proveedor.
Hay que empezar por recordar que la introducción de tal capacidad no debiera resultar tan inesperada. Desde 1995, la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 44 fracción V establece como obligación para los concesionarios: «Permitir la portabilidad de números cuando, a juicio de la Secretaría (la SCT), esto sea técnica y económicamente factible.»
La pregunta más bien es, ¿por qué hasta ahora? La agenda regulatoria desde 1995 estuvo apretadísima: en aquel año se tuvo una nueva ley para el sector; en 1997 se abrió a competencia el mercado de larga distancia; en 1998 se abrió el mercado local y se licitaron frecuencias para nuevos operadores móviles e inalámbricos fijos; finalmente, en 99, se introdujo el esquema «El que llama paga». Pero durante los años 2000 a 2005 simplemente no ocurrió suceso alguno que pueda ser comparable en importancia a los anteriores y era precisamente en esos años cuando era necesario consolidar el naciente proceso de apertura a la competencia.
Esto es más grave cuando la Ley ya ofrecía mecanismos para introducir la modalidad desde 1995, estableciendo que ésta podría ser introducida cuando «a juicio de la autoridad fuera técnicamente posible» (y no, como alguna autoridad quiso hacerlo creer, como moneda de cambio para relajar las condiciones de regulación aplicables al operador dominante).
Es difícil predecir si la pura entrada de la competencia cambiará el balance entre los operadores que surgieron del antiguo monopolio estatal y los competitivos. Estudios igualmente serios afirman que en los mercados móviles, por ejemplo, tener bases de clientes predominantemente de prepago (como en nuestro caso) es determinante para que la portabilidad sea un éxito. Otros estudios afirman que el dominio que ostentan Telmex y Telcel será potenciado mediante esta modalidad.
Se pueden hacer múltiples comparaciones con otros países para predecir un resultado: evaluar la participación de mercado del operador más grande, el número de operadores existentes, el nivel de las tarifas, la proporción de usuarios de prepago y en contrato, etcétera, para concluir que no existe un mercado con el que se puede establecer un paralelo absoluto con el mexicano. Y todo esto es antes de la imposibilidad de anticipar las estrategias que los diversos actores -usuarios, operadores y autoridad- irán mostrando durante el desarrollo del proceso.
La realidad es que por sí sola, la introducción de ninguna modalidad regulatoria hará que súbitamente nuestro mercado sea más competitivo. Aun así, la portabilidad es un caso paradigmático de regulación cuyos beneficios claramente superan a sus costos: al asignar al usuario derechos sobre su número telefónico, se crean incentivos para que los participantes en el mercado generen resultados deseables socialmente (ya sea mejores servicios, precios, mayor cobertura o una combinación de estos u otros factores). Éste es el resultado de asignar derechos de propiedad al agente que termina financiando las inversiones en redes, equipos y nuevos servicios: el consumidor.
En conclusión, el arranque de la portabilidad es probablemente el desarrollo regulatorio reciente más relevante para las telecomunicaciones del país, y, por más atención que acapare en los medios, no lo será la nueva revisión a las leyes que estará más enfocada a revisar el tema de las concesiones para Radio y Televisión y con poca atención al déficit de infraestructura que afecta al país.
Fuente: El Financiero, Carlos Silva Ponce de León, Miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, AC. Las opiniones vertidas en el presente artículo se emiten a título personal y no representan necesariamente la postura de la institución.
