Apple pidió hoy al Gobierno de Estados Unidos que retire la petición que exige a la compañía ayudar al FBI a acceder a un teléfono iPhone en el centro de una investigación sobre terrorismo.
Tim Cook, CEO de la empresa, señaló en un correo electrónico enviado a los trabajadores de la compañía y en una serie de preguntas y respuestas en el sitio web de la empresa, que el acceder a esa petición tendría consecuencias ‘peligrosas’.
‘Lo que está en riesgo es la seguridad de cientos de millones de personas que cumplen con la ley y el establecer un peligroso precedente que amenaza las libertades civiles de todo el mundo’, afirmó Cook.
Apple se negó la semana pasada a facilitar el acceso del Gobierno a un iPhone que fue usado por uno de los autores del tiroteo de diciembre pasado en la ciudad de San Bernardino, California, en el que murieron 14 personas.
La jueza federal Sheri Pym ordenó el martes de la semana pasada a Apple ayudar a los agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) a acceder a los datos en el teléfono.
Y el Departamento de Justicia fue un paso más allá el viernes al presentar una moción para obligar a la empresa tecnológica a que cumpla con lo solicitado por los tribunales.
La moción llega antes incluso del plazo límite del 26 de febrero que tiene Apple para responder formalmente a la magistrada Pym.
El Gobierno de EU pide a la compañía de la manzana desarrollar una nueva versión de su sistema operativo iOS para esquivar las protecciones de seguridad cuando la pantalla del teléfono está bloqueada.
Apple subraya que se crearía una función nueva al permitir que se introduzcan las contraseñas de forma electrónica y no manualmente.
Según Apple, la petición tendría repercusiones ‘peligrosas’. El Gobierno obligaría a la empresa a crear un sistema operativo completamente nuevo para su uso.
Una vez hecho eso el FBI podría desbloquear el teléfono mediante el uso de ‘fuerza bruta’, como se llama al sistema electrónico que usan miles o millones de contraseñas hasta averiguar la combinación correcta.
Además, este hecho establecería un precedente legal que ampliaría los poderes del Gobierno.
EFE
