Llama la atención cómo recientemente los temas sobre telecomunicaciones y tecnologías de la información se han ubicado en el centro de la arena del análisis y la opinión públicos. Hemos discutido en el transcurso del año temas
como las leyes federales relativas a las telecomunicaciones y la radio y la televisión, designaciones y autonomía de la Cofetel, portabilidad numérica, nivel de precios de servicios en México, etcétera.
Recientemente ha tocado a la convergencia, con una propuesta que además de estar llena de parches y que está a punto de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, luce tardía, insuficiente y mal formulada para promover la maximización de beneficios y la optimización de términos de operación para el sector de telecom. Si bien es cierto que debemos apresurar los avances regulatorios, sin duda resultaría más responsable dejar esta nueva asignatura a los profesionales del gobierno entrante en tan sólo dos meses. Al menos así lo piensa la experimentada ala fiscal en el gobierno (con una rica y vasta experiencia tanto en el frente empresarial como de gobierno), así como las
industrias de televisión por cable, de telefonía fija y móvil, de radiocomunicación y TV satelital.
Es lógica tanta atención al tema, ya que hoy día nadie discute la importancia de las comunicaciones contemporáneas para el desarrollo económico integral del país. La rápida difusión de internet, la adopción de medios de comunicación
móvil y el constante desarrollo de incontables aplicaciones informáticas demuestran qué tan estratégicas se han convertido estas tecnologías. En contraste, su adopción tardía y limitada contribuye a la ampliación de la brecha en el desarrollo, concebida como la diferencia entre países respecto de su ingreso disponible per cápita y su capacidad para acceder a satisfactores. Pero el hecho es que las telecomunicaciones son convergentes por naturaleza, al
igual que todas las demás infraestructuras como la energía, de transporte, de ductos y servicios públicos, entre otros. Entonces lo que llama la atención es que algunos participantes del sector discutan el tema, como si pudiéramos o debiéramos abstraernos de este proceso de convergencia. La discusión, sin duda, debe orientarse al cómo hacerlo.
Algunas lecciones de la historia
Históricamente los cambios socioeconómicos más importantes han estado ligados con la adopción oportuna del progreso tecnológico. Así, las infraestructuras han estado presentes en el centro de las revoluciones de competitividad y del bienestar humano y social. Por ejemplo, es bien sabido que la adopción tardía de nuevas tecnologías como los ferrocarriles o los telégrafos en el siglo XIX contribuyó a incubar en países como México la brecha de desarrollo -entendida como la diferencia entre diferentes países en cuanto al ingreso disponible per
cápita y el acceso a satisfactores.
Cuando hace aproximadamente 130 años, se discutía si aprobar o no las inversiones extranjeras en ferrocarriles, se discutía en esencia sobre un avance tecnológico que era identificado como un determinante del desarrollo y,
eventualmente, de esa brecha de desarrollo. En ese momento se tenía la intuición de la necesidad de contar con dicho elemento de infraestructura en la economía. Sin embargo, no había estas discusiones de los impactos a fondo y de la necesidad de montarnos a esos vagones -válgase en el caso del ferrocarril y ahora de tecnologías de información y comunicaciones-, pero de montarnos a tiempo.
El ferrocarril nos llegó 50 años tarde y no tuvo en México el impacto en términos de desarrollo que sí tuvo en otros países. Hoy día, esta preocupación que tenemos acerca de la operación del sector de telecom es una preocupación
que luce todavía a tiempo en la agenda nacional. Generalmente se le refiere como si constituyera un fenómeno novedoso, que sin embargo ha estado presente desde muchos años atrás. Lo que es novedoso es el potencial que ofrece para los usuarios y operadores, pero representa también problemas regulatorios que deben ser resueltos.
Convergencia: Tecnología, Regulación y Mercado
Convergencia es el fenómeno referido a la integración tecnológica, de mercado y regulatoria que tiene lugar en las telecomunicaciones, radio, televisión y comunicaciones, así como en la fabricación de equipo y software. Originalmente, las redes de telecomunicaciones eran concebidas y construidas sobre la consideración de su capacidad para soportar una cantidad determinada y limitada de servicios a sus usuarios. Hoy, las mismas redes se encuentran en una gradual e irreversible migración hacia arquitecturas comunes cuya esencia es ofrecer un
servicio de transporte neutral, capaz de acomodar cualquier tipo de tráfico y por ende cualquier tipo de servicio de manera simultánea.
Claramente la convergencia impacta la operación del sector en sus tres componentes, tecnológico, mercado y regulatorio. Por el lado tecnológico, es clara la tendencia a integrar las señales de todo tipo de comunicaciones y
telecomunicaciones.
En lo que toca al mercado, por el lado de la oferta de servicios la convergencia se llama consolidación de empresas, como también se ha vuelto común en días recientes con los ejercicios de Iusacell-Unefon y el inminente anuncio de la compra de una red fija (Avantel) por otra red fija (Axtel). En el lado de la demanda, es claro que los consumidores hemos identificado los beneficios de contar con más servicios de telecom, mejores y cada vez más integrados.
En lo que toca al lado regulatorio, este fenómeno debe guardar una correspondencia, como lo muestra la experiencia internacional y recientemente la nueva Cofetel que concentra la regulación para los sectores de radiodifusión y de telecom.
Experiencia internacional
Se le ha reconocido tal importancia al tema de la Convergencia plena a nivel internacional, que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha sugerido a sus Estados miembros integrar en un solo organismo la aplicación de
las disposiciones regulatorias para todas las redes y servicios de comunicaciones, sobre todo en lo que toca al despliegue, explotación y aprovechamiento de infraestructura. Hoy en día las mejores evidencias internacionales muestran la conveniencia de generar un marco regulatorio coherente aplicable a todas las infraestructuras de transmisión, independientemente de los tipos de servicios prestados por ellas. Tal es el caso del regulador británico, que en diciembre del 2003 migró de ser Oftel (Office of Telecommunications), basado en la noción de telecomunicaciones, a constituirse como Ofcom (Office of Communications), incorporando la radio y la televisión. También encontramos el caso del regulador australiano que el año pasado fusionó la Australian Broadcasting Authority (ABA) con la Australian Communications Authority (ACA) para convertirse en la Australian Communications
and Media Authority (ACMA).
Si México ignora las mejores prácticas internacionales sobre legislación en materia de acceso y competencia de comunicaciones electrónicas, y no logra adaptarlas a la realidad que nuestro país exige, entonces perderá la
oportunidad de avanzar en el terreno de la competitividad y del bienestar, negando a sus ciudadanos nuevos y mejores canales de expresión y participación.
Iniciativa tardía, insuficiente y mal formulada
En una larga lista de países, la Convergencia y los servicios de triple play (voz, video y datos) han sido ya una realidad desde hace casi una década. En México, es apenas hoy cuando las autoridades han emprendido esta labor en el aislamiento, al menos en su fase de diseño inicial.
Efectivamente, la experiencia de otros países como el Reino Unido ha involucrado a la industria, academia, analistas, consumidores, y en general a todos aquellos agentes involucrados directamente en el sector.
Desafortunadamente el Acuerdo de Convergencia en su versión actual, resultante a posteriori de presiones del sector y ocurrencias sobre la marcha de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, si bien obsequia reconocimiento de la importancia del fenómeno, limita la Convergencia a sólo algunos servicios, como telefonía fija local, TV y audio restringidos. Más adelante parcha su texto con la inclusión del creciente segmento de telefonía móvil, el cual representa casi la mitad del valor del mercado de telecomunicaciones y dos veces y media el número de usuarios de telefonía fija.
En este sentido, el consenso de un Acuerdo de Convergencia general y no privativo de sectores específicos, permitiría la optimización en el desempeño del sector con la inserción de un mayor número de competidores, por ejemplo, con el consecuente impacto en términos de la reducción de tarifas al público en más de 20% respecto a las que hoy se observa, derivado de ofertas convergentes que integren multiservicios.
Adicional al acceso desde redes de telecomunicaciones fijas, TV de paga e internet se agregaría el beneficio del acceso desde diversos medios móviles que tienen una gran penetración como aparatos celulares, PDA, computadoras portátiles, etc. Aún más, es crucial garantizar la interconexión de todas las redes para todos los servicios, que hasta el momento ha visto dosificado el intercambio de servicios, como los mensajes cortos entre redes de diferentes empresas.
Así el Acuerdo de Convergencia podría originar mayores beneficios que los que actualmente permite, incluyendo el ahorro de recursos públicos que tendrán que ser utilizados en el futuro para convenios complementarios como será la adición de la telefonía móvil a este acuerdo.
Inevitablemente tendremos que regresar a estas discusiones para incluir, nuevamente vale decir, como en muchos países más en el mundo, el aprovechamiento de la infraestructura de la empresa eléctrica, no sólo para una
mención tímida del PLC o comunicaciones por línea eléctrica, sino de la infraestructura de torres de transmisión de alta media y baja tensión para el montaje de antenas celulares y móviles, el uso de los más de 22,000 kilómetros
de fibra óptica, los postes, etc.
Con todo, después de un letargo sexenal en materia de leyes y aplicación regulatoria para las telecomunicaciones, tendremos una base legal para una supuesta convergencia que no garantiza el aprovechamiento pleno de redes.
Por todo lo anterior, es urgente definir el nuevo tipo de sector de comunicaciones que deseamos para aprovechar su potencial de sector líder, en términos de la contribución al desarrollo integral. El paso decisivo será generar un marco regulatorio que sea verdaderamente convergente, al no discriminar ni escatimar en su tratamiento, en función de la red sobre la cual es provisto. Es claro que el tema, al menos para lo que es la actual administracion presidencial, quedará como una oportunidad perdida para la actualización normativa de la operación de nuestras telecomunicaciones.
Fuente: El Economista, Ernesto Piedras, Director General de The Competitive Intelligence Unit
