La ampliación del sistema «El que llama paga» nacional divide a la industria de telecomunicaciones.
Como es público, este fin de semana se amplió la operación de «El que llama paga» para llamadas de larga distancia, una iniciativa que por lo menos tenía dos años discutiéndose entre la industria, y que busca ampliar el uso de celulares especialmente en el medio rural, donde desafortunadamente la cobertura de las empresas de telefonía fija no ha sido satisfactoria.
El caso es que desde hace semanas Alestra, de Rolando Zubirán; Avantel, de Óscar Rodríguez; Axtel, de Tomás Milmo, y Maxcom, de René Sagastuy, han acudido a los tribunales a solicitar un juicio de nulidad.
De momento han obtenido lo que se conoce en la jerga jurídica como una suspensión provisional, que como se denomina, no puede ser permanente, por lo que han evitado la entrada en operación para «El que llama paga» nacional.
Bueno, pues ahora esas cuatro empresas manifiestan que de manera conjunta han denunciado a los operadores de telefonía celular Telcel, Telefónica, Iusacell y Unefon ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por la aplicación de medidas que han obstaculizado y desalentado el tráfico de llamadas de larga distancia, originadas por sus clientes, precisamente desde el sábado, cuando empezó a operar el esquema «El que llama paga» nacional.
Esas empresas argumentan que tales acciones constituyen una clara violación a la orden judicial emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en favor de los operadores de telefonía fija antes mencionados, entiéndase la suspensión provisional.
Según los argumentos vertidos por Alestra, Avantel, Axtel y Maxcom, con esta violación los operadores de celulares estarían además incumpliendo con las obligaciones adquiridas en sus respectivos títulos de concesión, básicamente al no respetar la Ley de Federal de Telecomunicaciones y atentar contra las vías generales de comunicación.
La denuncia concreta es que esos operadores de telefonía celular no terminaron un importante número de llamadas de larga distancia, incluso algunas originadas desde otros celulares.
El caso es que al establecer «El que llama paga» nacional en sus redes móviles, algunas empresas de telefonía celular introdujeron mecanismos que impiden completar las llamadas provenientes de usuarios de líneas fijas así como de celulares, mientras que en otros casos introdujeron grabaciones que, bajo el pretexto de solicitar el consentimiento del receptor de la llamada, han desalentado el tráfico entre líneas fijas y celulares.
En pocas palabras, han salido a decir que los usuarios encaran un auténtico caos telefónico.
Digamos que la ofensiva jurídica de las empresas chicas de telefonía fija no se ha hecho esperar, no obstante que algunos funcionarios de la Cofetel, que comanda Héctor Osuna, estuvieron en contacto con los operadores de telefonía fija y móvil, pero hasta el momento la intervención de esta autoridad como tal, ha sido ineficaz e insuficiente.
Y bueno, se adelanta que en los próximos días las empresas perjudicadas solicitarán a las autoridades competentes que apliquen las sanciones económicas y administrativas conducentes, incluso al grado de solicitar el retiro de las respectivas concesiones a los operadores que han negado o entorpecido la interconexión para impedir o desalentar la comunicación de larga distancia a teléfonos celulares de usuarios de la telefonía fija, sin que hubiere mediado causa justificada alguna, acción ésta que incide en la interrupción de una vía general de comunicación.
Como le decía, Alestra, Avantel, Axtel y Maxcom desde hace semanas vienen expresando su inconformidad, ya que de alguna manera reconocen que la mayor parte del tráfico se concentra en las empresas que han aceptado ampliar el esquema «El que llama paga» nacional, aunque han manifestado que esa regulación ha afectado a su base de clientes.
En fin, ni de lejos habrá que esperar que se dé marcha atrás a dicha regulación, pero también habrá que reconocer que la industria de telecomunicaciones está dividida y la autoridad tendrá que salir a conciliar posturas para evitar una afectación mayor a los usuarios.
Fuente: El Financiero, Rogelio Varela
