El fallo sería en primera instancia
La industria de telecomunicaciones, legisladores y observadores permanecen a la espera de que el Poder Judicial emita esta semana su sentencia en relación con el conflicto entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Los iniciadores del conflicto, el subsecretario de comunicaciones Rafael del Villar, Gonzalo Martínez Pous, jefe de la unidad de asuntos jurídicos de la misma dependencia, así como Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca, actuales comisionados de Cofetel, permanecen sin salir de la ciudad de México, en espera de ser llamados por los tribunales de un momento a otro.
Fuentes de la SCT comentaron respecto al silencio que sobre el tema han guardado Rafael del Villar y Martínez Pous, que «no vamos a litigar en medios lo que podemos ganar en tribunales».
Sin embargo, tanto los involucrados de la Cofetel, como los de la SCT coinciden en la probabilidad de que el conflicto no concluya esta semana, ya que la resolución esperada es en primera instancia. Quedan otras alternativas judiciales de las que echarán mano en caso de obtener un fallo en su contra.
Eduardo Ruiz Vega dijo que «son diversos los escenarios y no se debe perder de vista que en los casos de amparos y de inconstitucionalidad, un gran porcentaje de los fallos son modificados al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación».
El conflicto nació de una supuesta inconformidad de Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous por habar sido objetados por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para ser comisionados de la Cofetel, una vez que fueron propuestos por el expresidente Vicente Fox para esos cargos.
Al ser objetados, Fox hizo otra propuesta, ante lo cual Del Villar y Martínez se ampararon; luego fueron nombrados funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Abogados expertos en la materia destacaron que lo importante, más allá del fallo de los tribunales, será el efecto que éste causará, por cualquiera de los dos lados, ya que los regulados -las empresas- podrían ampararse ante las resoluciones y acciones de la Cofetel, por ejemplo, al tener en cuenta que fueron firmadas por comisionados no objetados por el Congreso de manera inconstitucional.
Fuente: El Financiero, México
