Inicio Tecnología 2017 Los límites del mercado (Columna de Ernesto Piedras)

Los límites del mercado (Columna de Ernesto Piedras)

En la mayoría de los mercados de bienes y servicios, la maximización del bienestar social se puede obtener con base en la operación eficiente de mercados en competencia.

Vale recordar cómo ha sido reportado en este espacio el alto impacto social en los niveles socioeconómicos más bajos que está teniendo el mercado móvil, que en tan sólo un año redujo de 26% a 21% la proporción de mexicanos sin ningún tipo de telefonía propia, fija o móvil. Esta comparación es realmente alentadora por la profundización de servicios que revela.

Sin embargo y si bien se han hecho grandes avances en materia de telecomunicaciones, no han sido suficientes y además de la política pública para contribuir a la operación eficiente del mercado, está la que debe dirigirse a segmentos muy identificados de la operación del sector para asegurar su impacto en términos del bienestar social.

Sin embargo, esta aseveración en ocasiones, muy pocas por cierto, encuentra sus límites.

Mercado y Políticas Públicas

Es importante para los fines de las políticas públicas reconocer y distinguir la coexistencia de dos contextos de operación del sector de las comunicaciones, el de mercado y el de política pública. Las políticas públicas toman la forma de regulación para hacer más eficiente la competencia en un mercado. Por otro lado, existen ciertos campos en los que la regulación es socialmente necesaria, es ahí donde las políticas públicas se convierten en un instrumento de desarrollo.

El primero de los componentes es el sector que opera con base en las condiciones y leyes propias del mercado. Se ubican ahí los concesionarios cuya operación resulta, entre otras cosas, en un ejercicio de poder y respeto a la
elección libre del consumidor sobre las diversas ofertas de contenidos existentes. Ahí, la competencia cubre la función de ampliar dicha oferta, sin embargo, la elección corresponde al consumidor.

Por el otro lado, un contexto muy importante de la operación del sector de las comunicaciones, por sus contenidos educativos y culturales (alejados de la operación del mercado), pertenece al campo de la política pública relativa a
los permisionarios de las comunicaciones. Nadie objetaría que por su importancia social, la generación y la divulgación de estos contenidos debe ser fomentada y plenamente apoyada por el Estado.

Los permisionarios tienen la importante función de operar la comunicación de contenido social, educativo, cultural y comunitaria, cuyas características de operación no brindan a los medios públicos la viabilidad económica para su
desarrollo.

Habiendo identificado que en este proceso de convergencia tecnológica que resulta en consolidación estratégica, las empresas de comunicaciones de nueva generación (vale reiterar, de radiodifusión y de telecomunicaciones,
conjuntamente) quedan operando con escalas mayores, es decir, son más grandes y robustas. Como consecuencia, la política de financiamiento de los medios públicos deberá asegurar los recursos financieros suficientes para que en
términos relativos, los operadores no se vean disminuidos, garantizando así una operación equilibrada.

Actualmente los medios públicos pertenecen a este segundo tipo de contexto y son considerados un elemento vital para el adecuado funcionamiento de las sociedades democráticas por su papel incluyente para todos los sectores de la sociedad. Por ello, es responsabilidad del Estado financiar y asegurar las políticas públicas adecuadas que incentiven la innovación de los medios públicos, de las industrias culturales no comerciales y de las auténticas
estaciones comunitarias, que en su conjunto generan y divulgan bienes y servicios culturales, informativos y educativos con características de bienes públicos, entendidos primeramente como aquellos que son socialmente deseables.

Bienes públicos

En términos económicos, las dos características fundamentales de los bienes públicos son que, en primer lugar, aquellos beneficios recibidos por una persona no disminuyen el acceso a tales beneficios por otras personas, y en
segundo, no se puede prohibir el acceso a ellos.

La pregunta esencial en materia de medios públicos es ¿deben o no ser considerados como bienes públicos? En los principios de la radiodifusión, algunos países contemplaron a los medios públicos como un bien público y consideraron que el beneficio social se maximiza si los medios quedan en manos de las empresas privadas y únicamente sujetos a las reglas de mercado, dejando que las leyes de la oferta y la demanda satisfagan las necesidades tanto de los
permisionarios como de los usuarios.

Es claro que el crecimiento económico, el desarrollo social y político y la competitividad del país dependen en gran proporción de las comunicaciones de nueva generación. También sabemos que sus procesos de operación son demasiado complejos, para dejarlos solamente a la operación del mercado.

Bajo el nuevo marco legal y regulatorio con que cuenta el sector, lo que sigue es una aplicación ágil y cabal pero, sobre todo, atenta de los requerimientos del segmento no comercial, en términos del financiamiento que asegure el
fortalecimiento de los medios públicos. No hacerlo así, nos limitará como sector y como sociedad en la ruta de la construcción de una verdadera sociedad de la información y del conocimiento.

Fuente: El Economista, Ernesto Piedras, Director General de The Competitive Intelligence Unit (www.the-ciu.net). 

Opinión