A veces perdemos de vista lo verdaderamente importante por atender lo periférico. Los meses pasados la atención se ha dedicado a temas regulatorios y de organización institucional (i.e. de la Cofetel), que sin duda son relevantes, pero hemos omitido dar seguimiento al desempeño del sector.
En semanas anteriores hemos alcanzado dos cifras redondas que deberían haber sido motivo de comentarios, e incluso de cierta celebración. El número de líneas móviles totales rebasó en junio los 50 millones y, por su parte, las aún útiles líneas fijas totales llegaron a 20 millones, de las cuales un poco más de 15 millones son residenciales.
En efecto, en números redondos, 50 y 20 millones.
Estas cifras no observan la propiedad aditiva para poder afirmar simplonamente que la teledensidad o penetración nacional alcanza el 70%, porque sucede que algunos de nosotros poseemos más de un acceso telefónico. La pregunta relevante es, ¿cuántos son los mexicanos que realmente tienen acceso personal a la telefonía?
Sabemos, por el más reciente Conteo Nacional de Población del INEGI que la población en México es de 103.3 millones de personas distribuidas en 24.7 millones de hogares. Es decir, en promedio, en cada hogar viven 4.18 personas.
Encuestas de mercado revelan que 31% de los mexicanos tienen ambos tipos de telefonía, 31% únicamente tienen teléfono fijo y 18% únicamente tienen móvil.
La cifra más preocupante es que 21% no cuenta con ningún tipo de acceso.
Si bien esta cifra es relativamente baja en comparación con países desarrollados (algunos como Inglaterra y Suiza incluso han rebasado la penetración móvil de 100%), existe evidencia de que la cobertura en México se expande a un ritmo acelerado.
El mismo ejercicio aplicado al segundo trimestre del año pasado resultaba en una cifra equivalente de personas sin acceso igual a 26%, con lo que ha habido una mejoría de 5.6 puntos porcentuales de personas con acceso. Esta comparación es realmente alentadora, ya que indica que en un año la teledensidad total ha aumentado impulsada por las mejores tarifas y promociones, además de la percepción social de la conveniencia de contar con estos servicios.
Aquí cabe preguntar si entonces las políticas públicas deben dirigirse a ese 21% de la población carente de servicios.
Por contradictorio que pueda parecer, la respuesta es que no, o al menos no necesariamente a toda esa población.
A la fecha han sido las empresas de tecnología y de servicios de telecomunicaciones las que han hecho este trabajo de expandir la cobertura.
Los programas como el Fondo de Cobertura Universal deben dirigirse a grupos de la población muy bien identificados, los de más bajos recursos, aquellos a los que el mercado no alcanza. Sin embargo, el exceso de programas de políticas públicas de intervención directa de parte del gobierno resulta, según la experiencia histórica, en distorsiones a la operación de un mercado cada vez más eficiente.
Con todo, es importante acelerar, aquí sí, con acciones regulatorias oportunas el proceso de convergencia y la sana competencia para que podamos como país para aprovechar las oportunidades que la tecnología nos brinda.
Por Ernesto Piedras. [email protected]. Economista (ITAM-London School of Economics) *Director General de The Competitive Intelligence Unit (www.the-ciu.net)
Fuente: El Economista
