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Pendientes, acciones del Acuerdo del Convergencia

Al menos siete acciones deberá llevar a cabo la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de aquí a mediados del próximo año para dar plenitud al Acuerdo de Convergencia, que incluye a empresas de telefonía celular, trunking y paging.

Un documento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) establece que el próximo paso después de la creación del Comité Consultivo, que coadyuvará en los trabajos de dicho acuerdo, será contar con el convenio marco de interconexión y la resolución de portabilidad.

La interconexión permitirá que el usuario pueda contar con los servicios de televisión restringida, Internet y telefonía -comúnmente denominado “triple play”- que ofrecerán las empresas de televisión de paga o las telefónicas.

La portabilidad permitirá al usuario cambiar de compañía operadora y “llevarse” su número. Asimismo, se deberán determinar condiciones a los concesionarios con restricciones.

Estas medidas, de acuerdo con la SCT, tendrán como límite el 18 de diciembre de este año.

El siguiente paso será llevar a cabo una evaluación para fijar una contraprestación por servicios adicionales que ofrecerán las compañías operadoras de televisión y telefonía local.

Aunado a esto, señala el texto, los concesionarios deberán manifestar “voluntariamente, su decisión de adherirse al Acuerdo”.

Asimismo, se deberá fijar una contraprestación a los concesionarios de telefonía celular, trunking (comunicación inalámbrica) y paging (radiolocalización de personas), la fecha límite de estas acciones está fijada para el 2 de enero de 2007.

Más tarde, el 5 de marzo los concesionarios con restricciones en televisión y audio podrán establecer convenios de interconexión. Y para el 5 de mayo deberá implementarse la interconexión y la interoperabilidad.

La SCT confía en que con el Acuerdo de Convergencia un solo proveedor ofrecerá servicios de voz, video y datos; habrá mayor competencia con mayor cobertura y diversidad de servicios y acceso a servicios con mejores tarifas.

Fuente: El Economista