Cada vez que se trata de proceder en contra de Telmex, hay un amparo y es una situación difícil de ejecutar porque hay amparos y contra-amparos, lo que implica estar entrampados en cuestiones jurídicas, que impiden mejores regulaciones en el sector, aseguró Héctor Huerta, director del área jurídica de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec).
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el sector de las telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia (CFC) ha realizado esfuerzo, claros para tratar problemas de prácticas anticompetitivas del dueño de la concesión principal: Telmex.
Sin embargo, en su informe anual del año pasado, la OCDE reconoce que muchas de las dificultades que hacen más lento el desarrollo de la competencia efectiva surgen del abuso del mecanismo de amparo.
El organismo detalla que aunque las autoridades reguladoras tienen que formar parte de un marco institucional en el que la independencia y la rendición de cuentas tengan un equilibrio adecuado, el amparo se puede utilizar con la sola intención de suspender la decisión de una autoridad reguladora, enflaqueciendo así sus poderes.
Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC) previó que Telmex pretenda dar el servicio de televisión restringida sin cumplir con las condiciones básicas que el propio organismo antimonopolio le impuso como requisito para el Acuerdo de Convergencia: interconexión, portabilidad numérica e interoperabilidad.
“Pero no permitiremos que entren al mercado, se amparen y luego tarden varios años sin cumplir las condiciones”, advirtió el funcionario.
Por su parte, el subsecretario de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Álvarez Hoth, coincide en que una vez entrado en vigor el acuerdo secretarial, los operadores, tanto de telefonía fija como de cable, recurrirán al amparo.
“Al final no se les da gusto a particulares, porque vigilamos el beneficio del consumidor”, y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) responderá a ellos, aunque consideró difícilmente procedan por tratarse de un proceso público.
Fuente: El Economista, Empresas y Negocios, Pág. 42, Por Claudia Juárez Escolona
