Se espera que un tribunal español emita su sentencia este mes en el juicio contra el presidente de Telefónica, César Alierta, por el presunto delito de operaciones bursátiles basadas en información privilegiada. El veredicto podría tener repercusiones trascendentes tanto para la mayor empresa de telecomunicaciones de Europa, y uno de los mayores inversionistas en América Latina, como para la comunidad empresarial de España.
Los cargos presentados contra Alierta se remontan a fines de los años 90, cuando estaba al frente de la estatal Tabacalera. Sin embargo, los analistas opinan que el valor de mercado de Telefónica está tan ligado a la reputación de Alierta como un ejecutivo hábil que una posible condena, que podría ascender a cuatro años y medio de cárcel, sacudiría gravemente la compañía y obstaculizaría su progreso.
«Cambiarían por completo las reglas de juego para la acción de Telefónica», asegura Robin Bienenstock, analista de Sanford C. Bernstein, en Londres. «Hay una especie de culto a la gerencia mucho más pronunciado en torno a esta acción que la de la mayoría de las compañías». Telefónica no quiso hacer comentarios sobre cómo podría afectarla el fallo, señalando que la mera pregunta viola la presunción de inocencia.
Alierta, de 64 años, ha insistido reiteradamente en que no cometió ningún delito. Se trata de uno de los ejecutivos más exitosos y admirados de España. Entre otros logros, ayudó a transformar el ex monopolio estatal de telecomunicaciones en un imperio con operaciones en 25 países, desde América Latina a Europa y China. Como presidente de la junta con responsabilidades ejecutivas, mantiene un férreo control sobre la gestión. La compañía carece de un presidente ejecutivo propiamente dicho y Alierta no ha preparado a ningún sucesor, según analistas y ejecutivos.
«Aquí nadie se ha planteado una dimisión [de Alierta]», dijo un ejecutivo de Telefónica al tanto de la situación. «La vida de la casa no se ha visto afectada en lo más mínimo».
En todo caso, es probable que Alierta, que declinó las solicitudes para ser entrevistado para este artículo, apele cualquier condena, dijeron fuentes cercanas.
Aun así, el caso que ya lleva siete años en los tribunales marca un momento decisivo para España, donde pocos ejecutivos han tenido que responder ante la justicia por cargos de presunto abuso de información privilegiada.
Telefónica ha sido durante mucho tiempo una de las empresas predilectas de los inversionistas debido a su estrategia de crecimiento ambicioso mediante adquisiciones y su presencia en mercados latinoamericanos de rápido crecimiento. En los últimos años, ha sido una de las empresas de rendimiento más sólido en el mercado europeo de telecomunicaciones.
Sin embargo, el veredicto coincide con un momento en que el gigante enfrenta presiones más intensas.
Durante años, Telefónica se ha valido de su posición dominante en el mercado español para mantener los precios más altos que en otros países de Europa. Los españoles pagan las tarifas de telefonía celular más altas de todo el continente, según las cifras de la Unión Europea. Pero los vientos de la regulación están cambiando de dirección: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España le ha exigido este año a Telefónica que abra su red de fibra-óptica a los competidores. La autoridad también ha ordenado que todas las firmas de telecomunicaciones en el país recorten las tarifas que les cobran a sus competidores para conectar las llamadas, una importante fuente de ingresos para Telefónica.
Los cargos penales contra Alierta se refieren a 1997, cuando presidía la junta directiva de la entonces estatal Tabacalera SA. Ese año, Alierta implementó un vehículo de inversión con un préstamo de US$3.400 millones, según datos incluidos en los documentos utilizados por la fiscalía. Menos de dos semanas después de registrar el instrumento, Alierta transfirió la propiedad a su sobrino de 29 años Luis Placer, según los documentos.
Tras años de investigación, las autoridades anticorrupción acusaron a Alierta en 2005 de obtener unos 1.860 millones de euros en ganancias ilegales al presuntamente negociar secretamente la acción de Tabacalera a través del fondo de su sobrino. El juicio, en el que Placer también enfrenta cargos por uso de información privilegiada, empezó en abril de este año.
Tanto Alierta como Placer negaron todos los cargos. Un abogado de Placer no respondió a las solicitudes en busca de sus comentarios.
En los documentos y los argumentos utilizados en el tribunal, los fiscales sostienen que Placer compró acciones en Tabacalera mientras su tío negociaba la adquisición por parte de la empresa de su par estadounidense Havatampa Inc. en 1997. Esa operación y la decisión de Tabacalera de subir sus precios se tradujeron en una escalada de 113% en el precio de la acción de la compañía, según los documentos. Los fiscales argumentan que Placer actuó en nombre de su tío para que ambos pudieran enriquecerse mediante la utilización de información privilegiada no disponible para el resto de los inversionistas. «Es un caso paradigmático de abuso de información privilegiada», dijo en una entrevista Alejandro Luzón, fiscal principal del caso.
Durante el juicio, los abogados de Alierta manifestaron que el vehículo fue organizado por razones legítimas, incluyendo exenciones tributarias, pero que Alierta transfirió la propiedad a su sobrino porque cambió de parecer. La defensa dice que Placer compró acciones de Tabacalera por su cuenta, sin recibir instrucciones de su tío.
En 1999, Tabacalera se fusionó con la francesa Seita para convertirse en Altadis SA, que luego fue adquirida por Imperial Tobacco Group PLC. Alierta se colocó al frente de Telefónica en 2000. Altadis no quiso hacer comentarios.
Fuente: The Wall Street Journal
