¿Y los Medios Públicos?

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Actualmente presenciamos la Convergencia entendida como el fenómeno referido a la integración tecnológica, de mercado y regulatoria que tiene lugar en la nueva conceptualización de las Comunicaciones de nueva generación, que abraza a las telecomunicaciones, radio, televisión y comunicaciones, así como en la fabricación de equipo y software. Frecuentemente se piensa a la Convergencia como un fenómeno novedoso. Sin embargo, ella y sus implicaciones regulatorias y de mercado han estado presentes desde hace mucho tiempo en los temas de infraestructura (recuérdese el caso de los ferrocarriles y los telégrafos) y específicamente de las telecomunicaciones. Como sabemos hoy día, lo que sí resulta novedoso es el fundamento tecnológico que la digitalización de todos los medios provee para los desarrollos de la convergencia y las sinergias entre diferentes áreas de los medios de comunicación integrales.

En este contexto y con el fin de maximizar el bienestar social y los efectos en términos de la productividad y competitividad, el marco regulatorio debe ser consistente con las características tecnológicas y económicas de estos nuevos servicios. Dado que la meta de la regulación de comunicaciones es maximizar el bienestar del usuario, ésta debe promover la difusión de tecnologías digitales que prometen personalizar y expandir la forma como los individuos pueden comunicar, crear y manipular información.

El Mercado

En tal sentido, es muy importante para los fines de las políticas públicas reconocer y distinguir la coexistencia de dos contextos de operación del sector de las Comunicaciones, el de mercado y el de política pública. Las políticas públicas toman la forma de regulación para hacer más eficiente la competencia en un mercado. Por otro lado, existen ciertos campos en los que la regulación es socialmente necesaria, es ahí donde las políticas públicas se convierten en un instrumento de desarrollo.

El primero de los componentes es el sector que opera con base en las condiciones y leyes propias del mercado. Se ubican ahí los concesionarios cuya operación resulta, entre otras cosas, en un ejercicio de poder y respeto a la elección libre del consumidor sobre las diversas ofertas de contenidos existentes. Ahí, la competencia cubre la función de ampliar dicha oferta, sin embargo, la elección corresponde al consumidor.

En este contexto de mercado, la convergencia tecnológica induce también a una consolidación estratégica de las empresas, que se presenta en la forma de alianzas, fusiones, compras, para resultar en operadores y radiodifusores con la suficiente robustez tecnológica, económica y capacidad de generación de contenidos. Con todo, las empresas que operan en este segmento comercial, quedan fortalecidas como unidades económicas, como un efecto de mercado resultante de la misma convergencia tecnológica.

Medios Públicos y las Políticas Públicas

Por el otro lado, un contexto muy importante de la operación del sector de las Comunicaciones, por sus contenidos educativos y culturales (alejados de la operación del mercado), pertenece al campo de la política pública relativa a los permisionarios de las Comunicaciones. Nadie objetaría que por su importancia social, la generación y la divulgación de estos contenidos debe de ser fomentada y plenamente apoyada por el Estado.

Los permisionarios, tienen la importante función de operar la Comunicación de contenido social, educativo, cultural y comunitaria, cuyas características de operación no brindan a los Medios Públicos la viabilidad económica para su desarrollo. Por lo tanto, el estado debe proveer los elementos y recursos necesarios para una operación equilibrada (no para una competencia, porque no compiten con los otros) en términos de escala, entre los operadores comerciales fortalecidos, es decir, los que ya son convergentes y consolidados, y las unidades de Comunicación Publica que también deben fortalecerse en escala, tecnología, en alcance de su operación y, de manera central, en su actualización tecnológica.

Habiendo identificado que en este proceso de convergencia tecnológica que resulta en consolidación estratégica, las empresas de Comunicaciones de nueva generación (vale reiterar, de radiodifusión y de telecomunicaciones, conjuntamente) quedan operando con escalas mayores, es decir, son más grandes y robustas. Como consecuencia, la política de financiamiento de los medios públicos deberá buscar, pero sobre todo asegurar, los recursos financieros suficientes para que en términos relativos, los operadores de medios públicos conserven o aumenten su escala relativa a la de los concesionarios comerciales. Es decir, que en el proceso no se vean disminuidos proporcionalmente, por el fortalecimiento de los primeros para así garantizar una operación equilibrada de ambas esferas integrantes de la Comunicación.

Actualmente los Medios Públicos pertenecen a este segundo tipo de contexto y son considerados un elemento vital para el adecuado funcionamiento de las sociedades democráticas, al jugar un papel irremplazable en la inclusión de todos los sectores de la sociedad. Por ello, es responsabilidad del Estado financiar y asegurar las políticas públicas adecuadas que incentiven la innovación de los Medios Públicos, de las Industrias Culturales no comerciales y de las auténticas estaciones comunitarias, que en su conjunto generan y divulgan bienes y servicios culturales, informativos y educativos con características de bienes públicos, entendidos primeramente como aquellos que son socialmente deseables. En términos económicos, las dos características fundamentales de los bienes públicos son que, en primer lugar, aquellos beneficios recibidos por una persona no disminuyen el acceso a tales beneficios por otras personas, y en segundo, no se puede prohibir el acceso a ellos.

Bienes Públicos

La pregunta esencial en materia de Medios Públicos es ¿deben o no ser considerados como bienes públicos? En los principios de la radiodifusión, algunos países contemplaron a los Medios Públicos como un bien público y consideraron que el beneficio social se maximiza si los medios quedan en manos de las empresas privadas y únicamente sujetos a las reglas de mercado, dejando que las leyes de la oferta y la demanda satisfagan las necesidades tanto de los permisionarios como de los usuarios. Claramente, ese fue el caso de los EUA. En contraste, otros países dejaron a los medios de comunicación totalmente bajo la tutela del estado basándose en la noción de que el estado serviría a los intereses de toda la gente que representa. Sin embargo, ambos modelos presentaron limitaciones para satisfacer los intereses sociales. En un rango intermedio hoy tenemos clara la importancia de ubicar a los Medios Públicos en manos de organismos que actúen simultáneamente en función de los intereses públicos y que gocen de la independencia suficiente para evitar ser influenciados por el estado.

Es claro que el crecimiento económico, el desarrollo social y político y la competitividad del país dependen en gran proporción de las Comunicaciones de Nueva generación. También sabemos que sus procesos de operación son demasiado complejos, para dejarlos solamente a la operación del mercado. Bajo el nuevo marco legal y regulatorio con que cuenta el sector, lo que sigue es una aplicación ágil y cabal pero, sobre todo, atenta de los requerimientos del segmento no comercial, en términos del financiamiento que asegure el fortalecimiento de los medios públicos. No hacerlo así, nos limitará como sector y como sociedad en la ruta de la construcción de una verdadera Sociedad de la Información y del Conocimiento.