La Comisión Europea recordó a Elon Musk, propietario de Tesla y de SpaceX, y a quien Twitter acaba de aceptar una oferta para comprar la compañía, que cualquier empresa debe respetar las normas existentes en la Unión Europea (UE), en medio del debate sobre la libertad de expresión en la red social.
‘Ya se trate de coches o de redes sociales, cualquier compañía que opera en Europa necesita cumplir con nuestras reglas, independientemente de su accionariado. El señor Musk lo sabe bien’, dijo el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.
La junta directiva de la plataforma aceptó por unanimidad el lunes la oferta de Musk -el hombre más rico del mundo- para la compra de la red social Twitter por 44,000 millones de dólares, por lo que el empresario pasará de tener el 9% de la compañía al 100%, lo que supondrá, además, la salida de la bolsa de Wall Street.
Musk asegura que su motivación para adquirir la red social no es tanto el beneficio económico que le puede generar sino su defensa de la libertad de expresión.
‘La libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y Twitter es la plaza digital del pueblo donde se debaten los asuntos vitales para el futuro de la humanidad’, dijo el empresario sudafricano en su primer mensaje tras darse a conocer el acuerdo.
Ello ha abierto el debate del control que los gigantes de internet ejercen sobre el contenido que publican sus usuarios y si Musk permitirá la vuelta a Twitter de personajes públicos como el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien la empresa vetó tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Musk está familiarizado con las reglas europeas de la automoción y se adaptará rápido a la ley de servicios digitales, afirmó Breton.
Esta ley, sobre la que las instituciones europeas alcanzaron la semana pasada un acuerdo político, regulará precisamente el contenido que se publica en internet y obligará a las grandes plataformas como Twitter, Google, Apple o Amazon a eliminar con rapidez la información ilegal, una vez tengan conocimiento de ella.
También impondrá a estas empresas el ser más transparentes en el funcionamiento de los algoritmos que determinan lo que cada usuario ve en la red, en función de su perfil.
Tendrán que hacer informes anuales para determinar si los algoritmos promueven contenido ilegal o que ponga en riesgo derechos fundamentales y además, las autoridades públicas e investigadores independientes deberán tener acceso a esos algoritmos.
