Los representantes de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (Amiti) expresaron ayer su rechazo a la firma del Acuerdo Comercial contra la Falsificación, mejor conocido como ACTA.
Según publicó Notimex, los directivos de dichas organizaciones pidieron al Ejecutivo federal conocer los términos y consecuencias de la firma, debido a los riesgos que conlleva.
El director nacional de la Canieti, Rogelio Garza, señaló que la industria desconoce los términos y condiciones del acuerdo comercial firmado por México, por lo que en primera instancia piden saber con exactitud las implicaciones. «Estamos preparando un escrito para cuando entre la nueva Legislatura, aunque con la actual ya estamos estableciendo reuniones; veo factible que nos unamos Canieti, Amipci y Canieti para formar un bloque para defender el tema en conjunto”, dijo.
Javier Allard, director general de la Amiti, dijo por su parte que desde que iniciaron las negociaciones de ACTA, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) se negó a informar los puntos del acuerdo.
Por otro lado, el vicepresidente jurídico de la Amipci, Jonathan Garzón, lamentó que en el proceso de análisis sobre la firma de ACTA no hubiera claridad, ya que el Ejecutivo incumplió con su obligación de informar al Senado sobre el inicio de las negociaciones.
Garzón añadió que la Amipci pedirá que el tema sea prioritario en la agenda de la próxima Legislatura, a partir de la recomendación de que México sólo se reserve su adhesión al artículo 27 del acuerdo, o que se niegue la ratificación a la totalidad del documento.
El ACTA busca incrementar la cooperación internacional y proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y la falsificación en los países parte del acuerdo.
Sin embargo, la industria TIC ve severos riesgos en el artículo 27 dedicado a la “Observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital”, en el cual se faculta a los proveedores del servicio de internet a monitorear a los usuarios sin su conocimiento y, en el caso de suponer una posible violación a los derechos de propiedad intelectual, tomar acciones legales en su contra sin que exista la garantía a un debido proceso judicial.
El año pasado, el Senado de la República exhortó al Ejecutivo a no firmar la adhesión al ACTA, e incluso pidió que México se retirara de las negociaciones.
Redacción
