Aunque el próximo 30 de abril vence el plazo para que el Senado de la República tenga listo el dictamen de reforma en materia de telecomunicaciones, no será sino hasta el primer semestre del 2014 cuando se concluya con la normatividad respectiva, las leyes secundarias y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) pueda operar por completo.
José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones y Transportes comentó lo anterior y puntualizó que, de ser aprobada la reforma en el Senado, se abrirá un largo proceso para concretar los elementos fundamentales de la ley, porque al tratarse de cambios constitucionales deben ser avalados por al menos 17 congresos locales.
Explicó que luego de la promulgación se cuenta con 60 días para nombrar a los comisionados, tanto del Ifetel como de la Comisión Federal de Competencia Económica, y posteriormente se abrirán 180 días más para que éstos analicen y puedan pronunciarse en materia de preponderancia, “por lo que todo estará claro para el primer semestre del 2014”.
Debido a lo anterior, los usuarios deberán esperar para ver cómo se traducen estos cambios constitucionales en su beneficio. En principio se habla de una baja en tarifas, mayor calidad en el servicio y apertura a la competencia en beneficio del consumidor. Sin embargo, las instancias consultadas aún no se aventuran a brindar cifras ni a comentar de qué maneras específicas se llevarían a cabo tales acciones.
Cabe mencionar que México se encuentra rezagado en cuanto a penetración de todos los servicios de telecomunicaciones, especialmente la banda ancha, a la cual apenas 13 de cada 100 mexicanos tienen acceso.
Expertos en telecomunicaciones coincidieron en la urgencia de la reforma y se dijeron optimistas al respecto, Sin embargo, consideran que no existen leyes perfectas y en lo que resta del proceso se debe tomar en cuenta a los principales actores de la industria, ya que el detalle fino será lo que le brinde un verdadero peso y trascendencia a la reforma, “no negociar en lo oscurito como lo hicieron los diputados”.
Los retos y riesgos de la reforma
Lo cierto es que la llamada “histórica reforma en materia de telecomunicaciones” que fue aprobada el pasado 22 de marzo por la Cámara de Diputados, aún deberá librar la discusión en el Senado, que al igual que el sector empresarial se ha pronunciado por revisar lo referente al Artículo 28 constitucional, en específico en materia de derecho de suspensión y amparo indirecto por parte de las empresas del sector.
Cabe señalar que, con la reforma hasta ahora aprobada por los diputados, las empresas estarían sujetas a intervención sin garantías de juicio administrativo y sin posibilidad de operar hasta que se resuelva el proceso, por lo cual se prevé que este punto sea el que mayor discrepancia cause.
Actualmente, según cifras de la SCT, los empresarios han abusado de la figura del amparo, lo que lleva a que el 90% de las sanciones administrativas y el 100% de las licitaciones de espectro se encuentren impugnadas.
Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, admitió que aunque la reforma servirá para tener mejores precios y calidad, nos puede llevar a inconsistencias. “Como abogado no me gusta lo aprobado, porque no me voy a poder amparar. Las resoluciones del Ifetel no se podrán suspender o prorrogar y durante el procedimiento, tampoco impugnar nada, sólo solicitar la revisión al final del juicio”.
También Irene Levy, presidenta de Observatel, considera que este punto será un tema nodal en la discusión, ya que la no suspensión de los actos de autoridad por parte del Ifetel y Comisión Federal de Competencia Económica representarían un grave riesgo para las empresas y limitarán la acción regulatoria de los comisionados: “Así como está pareciera que el Instituto no se va a equivocar nunca y ante una cosa tan radical, los comisionados se verán obligados a pensar dos veces antes de firmar algo, eso llevará a una especie de inmovilidad”.
Destacó que otro de los puntos que los senadores deberían revisar es la opinión no vinculante de la SCT en materia de otorgamiento y revocación de concesiones, ya que representaría una nueva versión de la ‘doble ventanilla’.
Por su parte, Ernesto Flores, responsable del Programa TELECOM del CIDE, llamó a los empresarios del sector a no invertir hasta conocer las leyes reglamentarias, ya que en la actual redacción existen infinidad de vacíos que no dan certidumbre a la inversión; el principal reside en la falta de definición del mercado.
Fernando Butler, experto de BHMC Consultores, explicó que en la ley reglamentaria que se aplicará para la reforma en telecomunicaciones, será necesario establecer que la contraprestación por concepto de multiprogramación deberá aplicarse para las empresas que registren ingresos «extraordinarios» en materia de publicidad, previo análisis del Instituto, a fin de que las televisoras con menor poder económico puedan exentar el pago de una contraprestación, para no afectar la rentabilidad de los operadores pequeños.
Destacó que en la redacción que avalaron los diputados se añade un párrafo al Artículo 28 constitucional, en donde detalla que el Ifetel fijará el monto de las contraprestaciones para el otorgamiento de las concesiones con previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
«Es una medida que pudiera representar un riesgo, porque la SHCP no tiene el mismo conocimiento que el organismo regulador sobre el valor del espectro», aseveró Butler, y advirtió que este elemento también se deberá corregir en la ley reglamentaria para garantizar que el factor económico no sea preponderante al momento de otorgar las concesiones, sino los alcances y beneficios sociales que se deriven de la explotación de éstas.
Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit, destacó que los elementos que integran esta reforma, si bien sientan un precedente sin igual para las telecomunicaciones consolidando un avance importante en términos de regulación, también deben ser susceptibles de revisión, y en caso de ser necesario, modificación.
“Al igual que el sector avanza a las velocidades del progreso tecnológico, esta reforma, si bien determina los pasos a seguir, también debe consolidarse como un principio para la evolución de un proceso continuo y permanente de mejora al interior de la industria. Es decir que con todo, luce como un avance en el marco regulatorio, pero aún susceptible de precisiones antes de su puesta en operación. Ahí no debe volver a ser un ejercicio de tipo cónclave, sino participativo y ágil por parte del conjunto de la sociedad”.
Finalmente, se debe tomar en cuenta que se avecina la licitación de la banda de 700 MHz, las cadenas de televisión digital, radio digital y lo que suceda con el llamado ‘dividendo digital’. En opinión de Ernesto Flores, del CIDE, “la banda de 700 MHz es el filete del espectro”, ya que además de que vale entre tres mil y cinco mil millones de dólares, «es ideal para la telefonía digital y con tan solo la instalación de una torre, la cobertura se multiplica 20 veces».
Tampoco debemos perder de vista que los costos de los servicios de telecomunicaciones en México aún no son competitivos. En algunas localidades la telefonía rural es el único contacto con el exterior; ni qué decir del acceso a internet.
En el tema de la reforma en materia de telecomunicaciones aún tenemos mucho por escuchar, ver y discutir. Esperemos que se llegue a una normatividad que sea el principio de una transformación en la industria con reglas claras, que den certidumbre, promuevan la inversión y brinden un mejor servicio al consumidor.
