Mientras que el fraude electrónico crece y cambia de cara vertiginosamente, las medidas tomadas por sus potenciales víctimas para protegerse tienden a ser estáticas.
El ciberataque sufrido por Sony, atribuido a hackers de Corea del Norte, es el mejor ejemplo reciente para comprender que el peligro está en todas partes.
El negocio de la detección y prevención de fraudes electrónicos mueve al año en el mundo unos 4,700 millones de dólares, de los cuales 546 millones, (22.5% del total), corresponde a América Latina, según cifras de la empresa Easy Solutions, especializada en la detección y prevención del fraude electrónico.
Conforme la conectividad se vuelve más accesible a los usuarios, los delincuentes electrónicos han puesto su mira en sectores como la salud, que les proporciona recursos mediante la venta de los historiales médicos o cobrando rescates por devolverlos.
También son blancos las grandes cadenas minoristas, de las que los piratas extraen los datos de sus clientes para venderlos en los mercados negros que ya existen para estos activos, como ocurrió con la cadena estadounidense Target.
En los ciberataques a los Gobiernos e instituciones no suele haber un móvil económico, pero las víctimas del fraude electrónico son sobre todo personas.
En 2014 en Estados Unidos, más del 50% de las compras de particulares fueron hechas desde dispositivos móviles, lo que hace suponer que los ataques a plataformas móviles se multiplicarán.
El skimming, como se conoce en inglés la manipulación de los cajeros electrónicos, fue un serio problema para los bancos latinoamericanos en la década de los 90, pero no llegó a Estados Unidos hasta ahora.
Otro ejemplo es que en Estados Unidos, hasta agosto de 2015 se implantará la tecnología de chip en las tarjetas de crédito y débito, mientras que en América Latina son comunes desde hace tiempo.
Brasil es el país de la región donde se generan más fraudes electrónicos, tanto por el tamaño de población como por el alto nivel de conectividad, seguido de México, Chile y Venezuela.
Según el centro especializado LACNIC, el fraude electrónico en América Latina totalizó 430 millones de dólares en 2013, el cuádruple que en 2012.
EFE
