Los móviles, las tabletas, las computadoras, las consolas incluso los electrodomésticos caducan, no obstante que se consideran productos de naturaleza duradera. Las compañías incorporan componentes que dejan de funcionar pasado un tiempo y cuya reparación se convierte en un calvario.
Ante esta situación, dos de las principales asociaciones de usuarios (OCU y Facua) demandan una normatividad que garantice la perdurabilidad de estos productos, que asegure la reparación de los mismos, que se permita la competencia en las restauraciones y que evite así el problema que los residuos tecnológicos generan. En California, la propuesta de esta ley ha puesto en alerta a las compañías.
Las asociaciones han retomado las reclamaciones históricas de los usuarios, aprovechando que este 15 de marzo es el Día de los Derechos del Consumidor en el mundo. Especialmente se apela a los dispositivos tecnológicos que se han convertido en herramientas cotidianas.
La OCU lanzó la campaña “Larga vida a lo que compro” y explicó en un comunicado cómo son habituales las reclamaciones por móviles de alta gama que se quedan obsoletos en un par de años o por aparatos y componentes de los mismos que dejan de funcionar tras poco tiempo de uso y no se pueden reparar.
Esta organización reclama “una legislación que ponga freno a la obsolescencia prematura en favor de un modelo económico más sostenible” y que, “igual que se establece que un producto debe ser seguro, obligue también que sea duradero y reparable”.
Con esta medida se evitaría el bajo rendimiento de la inversión en aparatos tecnológicos y reducir el impacto medioambiental que genera la fabricación masiva de dispositivos y la basura acumulada de los que quedan obsoletos.
Por su parte, Facua apunta, en voz de Jesús Benítez, que la normatividad aplicable ahora en España sobre productos de naturaleza duradera es poco clara y reclama también una legislación que asegure un adecuado servicio técnico y una disponibilidad de repuestos.
Apple ya se ha pronunciado sobre esta regulación en Nebraska, alegando que la libre disponibilidad de componentes facilitaría la piratería.
La OCU ya ha delimitado los aspectos que debería incluir la legislación española:
- Que el producto sea diseñado de forma que no haya piezas de calidad eficientes que se deterioren prematuramente, que sean demasiado frágiles para el uso normal del dispositivo o que tenga un ensamblado con materiales que impidan su apertura para reparación.
- Que reparar el producto o sustituir los consumibles o baterías sea posible y tenga un costo de reparación notablemente inferior al de comprar un producto nuevo.
- Que la garantía del producto sea superior a los dos años (incluido el software y su actualización) obligatorios que actualmente hay en España y que sea real (por ahora solo se atribuye a problemas del producto durante los primeros seis meses).
- Que los fabricantes informen claramente de la vida media prevista del producto, las posibilidades de reparación, el tiempo de soporte previsto para la actualización del software (si lo hubiera) o cómo se debe proceder para el correcto reciclaje.
