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Afirman que es legal el espionaje de la NSA

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Los programas de recopilación de datos de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) en países extranjeros son legales, según un nuevo informe independiente del Consejo de Libertades Civiles y Privacidad (PCLOB).

La versión preliminar del nuevo estudio del PCLOB asegura que los programas de la NSA destinados a acumular datos de usuarios extranjeros son eficaces y legales, aunque deben ser sometidos a algunos cambios para mejorar la protección de la privacidad de los estadounidenses.

La conclusión del estudio, que se prevé sea confirmado a lo largo del miércoles por el consejo, contrasta con el informe previo del mismo grupo de analistas, que a principios de año consideró que eran ilegales las recogidas masiva de registros telefónicos a los estadounidenses contenidos en la Sección 215.

Las operaciones en el extranjero, permitidas bajo la Sección 702 de las Enmiendas de la Ley FISA, resultan valiosas en los esfuerzos del gobierno para combatir el terrorismo, así como en otras áreas de la inteligencia extranjera, dijo el consejo.

El alcance y los detalles de los programas de espionaje masivo de la NSA, la mayoría puestos en marcha a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, quedaron expuestos el año pasado con las filtraciones de Edward Snowden, exanalista de esa agencia y actualmente asilado en Rusia.

Las revelaciones de Snowden sacaron a la luz que Estados Unidos espió las comunicaciones personales de algunos líderes considerados ‘amigos’ de Washington, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel.

En enero pasado, el presidente Barack Obama ordenó poner fin al espionaje a mandatarios de países aliados, pero aclaró, no obstante, que los servicios de inteligencia seguirán recopilando información sobre los Gobiernos extranjeros para conocer sus intenciones.

En marzo, el presidente estadounidense ya presentó un plan para poner fin a la acumulación masiva de datos telefónicos que, entre otras cosas, contempla que esos registros no pasen a manos del Gobierno y permanezcan en manos de las compañías de telecomunicaciones.

EFE

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