Inicio Tecnología. AL busca fortalecer seguridad cibernética con apoyo de la OEA

AL busca fortalecer seguridad cibernética con apoyo de la OEA

Representantes de varios países de la región se reúnen para reforzar las políticas, estrategias, legislación, y otras medidas prácticas en materia de delito cibernético

ACAN-EFE

Con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) diversos países latinoamericanos discuten a partir de hoy en un taller regional en Costa Rica cómo establecer políticas más eficientes en materia de delito y seguridad cibernética.

Al primer ‘Taller regional sobre seguridad y crimen cibernético’, que concluirá el viernes en San José, asisten representantes de Colombia, Chile, Perú, Panamá y Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Nicaragua, según indicó hoy el ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica (MICIT).

El taller, de acuerdo con las autoridades, «tiene como objetivo el reforzar las políticas, estrategias, legislación, y otras medidas prácticas en materia de delito cibernético y la seguridad cibernética».

Para los organizadores, los delitos informáticos se han popularizado con el uso de las nuevas tecnologías y actualmente «las redes de mafia o crimen organizado han convertido estos ataques en un negocio lucrativo».

«El delito cibernético es entonces entendido como todo aquel uso de las tecnologías digitales que tiene como objetivo apoyar el crimen organizado o, en su defecto, lesionar los derechos individuales. Por ejemplo, violentar la privacidad de la información, o la explotación infantil», explicó el director de Tecnologías Digitales del MICIT, Santiago Núñez, en un comunicado.

Al finalizar el taller el Gobierno costarricense firmará un decreto ejecutivo para crear un Centro de Atención a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT, por sus siglas en inglés).

Este Centro se encargará de hacer recomendaciones en política pública, normativa y prácticas tecnológicas a los poderes del Estado, instituciones autónomas, bancos y empresas públicas, a través de un comité de alto nivel de identificación de riesgos en delito cibernético y una unidad de atención de incidentes.