Apple llegó a un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos para pagar hasta 500 millones de dólares como compensación por haber ralentizado deliberadamente los modelos antiguos del iPhone, según documentos judiciales divulgados este lunes.
Los demandantes (un colectivo de consumidores) y Apple presentaron el acuerdo en los juzgados de San José, California, y ahora corresponde al juez decidir si lo acepta o no.
La firma que dirige Tim Cook admitió que estaba ralentizando el funcionamiento de modelos de iPhone antiguos como el 6 y el 7 mediante las actualizaciones del sistema operativo iOS, con el objetivo, según la compañía, de compensar la capacidad más limitada de sus baterías y prevenir así que los dispositivos se sobrecargaran y apagaran.
Algunos usuarios, sin embargo, consideraron que lo que Apple estaba haciendo al ralentizar los modelos antiguos era empeorar su funcionamiento e incentivar así la compra de nuevos teléfonos y baterías, por lo que presentaron una demanda colectiva que finalmente ha derivado en este acuerdo extrajudicial.
Según los términos del compromiso, la firma de la manzana pagará 25 dólares a los propietarios de iPhone 6 (que incluyen 6, 6 Plus, 6s y 6s Plus), 7 (que incluyen 7, 7 Plus) y SE en EU que usaran el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior, así como a los propietarios de iPhone 7 y 7 Plus que usaran iOS 11.2 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017.
La cantidad final que pague Apple por concepto de estas compensaciones no será menor de 310 millones de dólares ni mayor de 500 millones, y la cifra exacta se determinará con base en la cantidad final de teléfonos que resulten elegibles según los criterios anteriormente detallados.
Además, los propietarios detrás de la demanda colectiva original recibirán entre 1,500 y 3,500 dólares cada uno; y sus abogados, 90 millones en total (todo este dinero forma parte del paquete de entre 310 y 500 millones aceptado por Apple).
Un elemento clave del caso es que aunque la práctica de Apple de ralentizar los iPhone para prevenir problemas con las baterías no fuera ilegal, según los abogados el hecho de que la empresa no lo comunicara abiertamente a los afectados, les hizo creer que se trataba de un problema de obsolescencia de sus teléfonos y les llevó a comprar nuevos modelos.
Siempre según los abogados de los demandantes, de haber sabido el motivo por el que sus teléfonos se habían ralentizado, los usuarios podrían haber reemplazado la batería en lugar de comprar un nuevo dispositivo, lo que hubiera tenido un coste económico mucho menor.
