La fusión definitiva entre T-Mobile y Sprint fue aprobada este martes por un juez de Nueva York, dando pie a la creación de un nuevo gigante entre la tercera y cuarta compañías de telecomunciaciones más grandes de Estados Unidos.
El juez Victor Marrero concluyó que el acuerdo de fusión no disminuye de forma significativa la competencia, con lo que se eluden las quejas de un grupo de 13 estados de EU que veían problemas en sus territorios ante un probable incremento de precios.
El acuerdo de fusión tiene un valor de 26,500 millones de dólares y fue alcanzado hace dos años, tras ser aprobado inicialmente por la Comisión Federal de Comunicaciones y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En su sentencia, el juez Marrero asegura que T-Mobile ha actuado en los últimos diez años como un estímulo para las dos principales compañías de Estados Unidos, forzándolas a realizar numerosos cambios a favor del consumidor, por lo que cree que este nuevo paso de T-Mobile permitirá dar continuidad a una estrategia de negocio indudablemente exitosa para el futuro.
El juez Marrero rechazó el argumento de los fiscales de 13 estados de que una Sprint en dificultades, sin este acuerdo, podría seguir compitiendo.
T-Mobile y Sprint han mantenido desde que se anunció la fusión que el acuerdo crearía competencia, bajaría los precios, crearía empleos y permitiría que la compañía combinada crear una red 5G fuerte.
De esta forma, el mapa de las telecomunicaciones se redefine en Estados Unidos con tres operadores de referencia de red inalámbrica: Verizon, AT&T y el nuevo T-Mobile.
La nueva compañía estará dirigida por Mike Sievert, un ejecutivo de T-Mobile que reemplazará a John Legere.
Para obtener el visto bueno inicial del Gobierno, T-Mobile y Sprint acordaron vender partes significativas de sus negocios al operador de televisión de pago Dish Network como parte de un plan para crear una posible nueva gran empresa inalámbrica.
En todo caso, los estados podrían decidir apelar el fallo y elevar el caso a otro juez de distrito. Las compañías de teléfonos celulares también necesitan la autorización definitiva del Gobierno y de la Comisión de Servicios Públicos de California. Pero la posición de los socios se ve fortalecida por su victoria en la corte federal.
