Las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes todavía pueden fijar sus posturas sobre el tema y con base en ello el gobierno tomará una decisión definitiva
Aun no se da la última palabra sobre si Telmex debe o no pagar una contraprestación al gobierno federal para que se modifique su título de concesión y pueda ofrecer servicios de televisión.
Las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes todavía pueden fijar sus posturas sobre el tema y con base en ello el gobierno tomará una decisión definitiva.
Jorge Mena Ortiz, secretario técnico del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), dijo que este órgano regulador mantiene su posición sobre que no tiene competencia para fijar un pago por parte de Telmex. En todo caso compete a Hacienda definir si procede este aprovechamiento o no, pues fue esta dependencia la que realizó el proceso de privatización de Telmex, acto por el cual se estableció esta prohibición a la telefónica, agregó.
La Comisión Intersecretarial de Desincorporación (CID) envió el 15 de enero una carta al presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, en la que señala que es esta instancia la que cuenta con las atribuciones para en su caso, resolver lo conducente respecto de la concesión de Telmex.
Esta discusión sobre si Telmex debe pagar para eliminarle el candado que le impide dar servicios de video se generó desde septiembre de 2006, cuando el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, manifestó por escrito una opinión en la que señala que es necesario solicitar este pago a la telefónica. En ese momento, la SCT respondió a Gil Díaz que no era procedente dicha contraprestación; sin embargo, pasó la responsabilidad a la Cofetel al establecer en el Acuerdo de Convergencia que este órgano regulador debería presentar a la CID los dictámenes legales y financieros en los que se fundamente el pago al gobierno.
Por esto, la Cofetel envió esta opinión a la CID en la que explica que en el ámbito de su competencia no existen facultades, ni un fundamento legal para cobrar una contraprestación y que es justamente este órgano de la Secretaría de Hacienda el que cuenta con toda la documentación sobre el proceso de la privatización de la empresa que controla Carlos Slim Helú, por lo que le solicita que determine si existe fundamento legal para establecer este pago o no.
Fuente: El Universal
