La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia autorizó hoy a la integración entre las empresas de telecomunicaciones UNE y la multinacional Tigo, pero con la condición de que devuelvan parte del espectro radioeléctrico que manejan en la actualidad.
La Superintendencia explicó en un comunicado que la devolución debe hacerse porque el espectro que tienen la dos empresas supera el límite permitido por el Gobierno para estos casos.
La integración incluye las operaciones de telefonía móvil, televisión, banda ancha y telefonía de UNE Telecomunicaciones, perteneciente a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), y Colombia Móvil S.A., controlada por la sueca Millicom, que opera la marca Tigo Colombia.
Según la entidad, UNE y Tigo tienen en conjunto 135 megahercios de espectro radioeléctrico y el límite legal es de 85 megahercios, razón por la cual deben devolver a la Nación 50 Mhz, en los términos y plazos indicados por la Superindustria.
La entidad explica que las empresas tienen un plazo máximo de ocho meses para informar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y a la Superintendencia el espectro radioeléctrico objeto de devolución, identificando las bandas de frecuencia y los megahercios correspondientes.
Después de que sea identificado e informado de manera concreta el espectro radioeléctrico que se devolverá a la Nación, las empresas tendrán dos años y cuatro meses para finalizar la devolución.
En octubre del año pasado la EPM y Millicom International Cellular firmaron el contrato marco para la integración de sus operaciones en el país.
Una vez concluida la operación, EPM tendrá la mayoría accionarial en la compañía combinada, con una participación de un 50 por ciento más una acción, mientras que Millicom poseerá el resto y asumiría el control administrativo y operativo de la entidad.
La EPM, que es propietaria del 99.99% de UNE y del 25% de Colombia Móvil S.A., es una empresa pública del municipio de Medellín y lidera un grupo internacional conformado por 46 compañías, 21 de ellas en Colombia y el resto en Guatemala, El Salvador, Panamá, Chile, México, Estados Unidos y España.
EFE
