Desde 1990, la inversión extranjera en telecomunicaciones en América Latina suma más de 110 mil millones de dólares, una cifra superior al total de inversiones extranjeras en este sector en el resto de países en desarrollo.
Entre los latinoamericanos más pobres, sólo uno de cada cuatro tiene línea telefónica; el fomento de mercados competitivos y de medidas que faciliten el acceso puede contribuir a reducir la brecha entre ricos y pobres en términos de índices de conexión.
La entrada masiva en América Latina durante la década de los 90 de multinacionales del sector de las telecomunicaciones provenientes del mundo industrializado, así como el auge de multinacionales autóctonas -multilatinas- en éste, han dado un vuelco al panorama de las telecomunicaciones en la región.
Hasta entonces, las diferencias con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los principales competidores asiáticos en materia de inversión y de índices de conectividad (número de teléfonos por cada 100 habitantes) no hacían sino crecer.
La llegada de empresas extranjeras ha jugado un papel esencial a la hora de imprimir otro rumbo a esa tendencia. Aunque parte de la inversión en las telecomunicaciones latinoamericanas se ha dirigido a la adquisición de activos ya existentes, es innegable que también ha ayudado a mantener elevados niveles de inversión en el sector. De hecho, en la década de 1990, la inversión rondaba anualmente 1% del Producto Interno Bruto (PIB), promedio incluso superior al de los países de la OCDE.
Los partícipes extranjeros están ayudando a subsanar el déficit de inversión del sector, al tiempo que contribuyen a reducir la brecha de conectividad entre América Latina y el resto del mundo. Hace 10 años, sólo uno de cada 10 latinoamericanos tenía teléfono. Hoy, el promedio es de seis de cada 10, un dato más que razonable, si tenemos en cuenta que el promedio mundial es 54% de la población. De hecho, la conectividad ha aumentado a un ritmo mayor precisamente en aquellos países en los que los inversores extranjeros se han mostrado más activos, como es en el caso de Argentina, Brasil y Chile.
La llegada de operadores de primera clase a los mercados latinoamericanos también se ha hecho notar en la calidad del servicio. Las interminables listas de espera -esperas que podían durar años para la instalación de una línea fija- han desaparecido en Argentina, Brasil y Perú. Al mismo tiempo, las líneas digitales se han convertido en la norma, mientras servicios como el de banda ancha aparecieron en ciudades como São Paulo, incluso antes que en algunas urbes europeas. La difusión de los móviles ha sido particularmente impresionante: en el 2005 el número de suscriptores de telefonía móvil doblaba ya al de líneas fijas.
Pese a las tendencias ciertamente prometedoras, persiste la desigualdad entre los segmentos más ricos y más pobres de la población a la hora de acceder a los servicios de telecomunicaciones. La telefonía móvil permite prestar servicio a menor coste a los clientes más pobres o a aquéllos que se encuentran en zonas alejadas. Sin embargo, una persona en el quintil de ingresos más elevado sigue teniendo el triple de posibilidades de tener una línea telefónica en casa que alguien que pertenezca al quintil más pobre. Este abismo es aún más sobrecogedor en los países centroamericanos y andinos más pobres, donde apenas uno de cada 10 ciudadanos más pobres posee un teléfono de cualquier clase.
En el mundo actual, tener un teléfono ya no es un lujo. La posibilidad de intercambiar información más rápidamente y, sobre todo, en movimiento, permite tanto a los pescadores del Amazonas peruano como a los agricultores de los altiplanos andinos, saber cuándo y dónde han de vender sus productos. La telefonía permite también a los fontaneros y reparadores viajar allí donde está el trabajo, sin renunciar a otros clientes u oportunidades.
Las telecomunicaciones constituyen hoy un punto de enlace vital entre los ciudadanos y las esferas económica, industrial y política. Los países no pueden permitirse el excluir de esta dinámica a los segmentos más pobres de su población, precisamente aquellos que más necesitan acceder a las oportunidades y los medios de integración.
La mayoría de los gobiernos de América Latina han creado fondos para garantizar un servicio universal, con el fin de financiar teléfonos públicos o más completos «telecentros» con acceso a internet. El fondo de desarrollo de las telecomunicaciones chileno, con su original modelo de selección de proyectos a través de subastas, se ha erigido en un modelo a seguir para el mundo en desarrollo.
Aunque iniciativas de este tipo son necesarias y loables, resulta imprescindible garantizar una competencia efectiva que ayude a alcanzar los niveles de precios y el empuje del mercado interno necesarios para incitar a los operadores a prestar servicio no sólo a sus clientes preferenciales y a la clase media, sino también a los segmentos de la población más pobres. Por lo tanto, es crucial que los reguladores estén aislados de las presiones políticas y de los intereses de los principales actores del sector. Unos mercados abiertos, bien regulados y competitivos, no sólo serán un atractivo para operadores de primera clase, estimularán también la innovación, maximizando la contribución del sector al desarrollo regional a largo plazo.
Fuente: El Economista, Juan R. de Laiglesia, Economista del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
