La Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) pidió atender la solicitud de la Secretaría de Hacienda y fundamentar en estudios y dictámenes económicos-financieros y jurídicos la decisión de modificar el título de concesión de Telmex.
En un comunicado, explicó que la petición se da al conocer la determinación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de desechar la imposición de contraprestación alguna a Teléfonos de México (Telmex) por la modificación a su título de concesión para prestar el servicio de televisión.
Al respecto, precisó, la Canitec “hace un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la propia Cofetel para atender las solicitudes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.
“Y fundamentar su decisión en los estudios y dictámenes económico-financieros, así como el dictamen jurídico sobre la modificación aludida”, remarcó.
Explicó que en el oficio 101.545 del 27 de septiembre, el titular de la SHCP (en ese entonces Francisco Gil Díaz) precisa que “la valuación de las acciones se hizo con base en los servicios que Telmex tiene autorizados prestar”.
Ello al utilizar una metodología para obtener una estimación del valor del capital accionario de Telmex mediante la valuación de cada una de las unidades de negocios de dicha empresa.
“Por lo tanto, la eliminación de las restricciones contenidas en las condiciones 1-9 y 2-2 del título de concesión de Telmex permitirían a la empresa aumentar sus ingresos y ganancias esperadas”.
“Luego entonces, si en el contrato de compraventa señaló que la voluntad del gobierno federal era la de no modificar el título de concesión de Telmex, salvo en los casos expresamente señalados en el mismo (expansión, calidad y tarifas) y la valuación del paquete accionario se llevó a cabo considerando los servicios que dicha empresa podía prestar.
“Es incorrecto afirmar como lo hace la SCT, que las prohibiciones del mencionado título de concesión no fueron factores económicos relevantes para la integración de las posturas de los participantes en la subasta pública”.
“Por lo que se refiere al cuestionamiento que hace la SCT respecto al derecho que pudiera tener el gobierno federal para recibir un beneficio económico especial por eliminar prohibiciones contenidas en las condiciones 1-9 y 2-2 del título de concesión de Telmex, es evidente conforme a las consideraciones expuestas.
“Que el gobierno federal de haber desincorporado a Telmex sin las mismas hubiera recibido mayores ingresos” advirtió el entonces titular de la SHCP en diversos párrafos del oficio mencionado, asegura la Canitec.
Máxime cuando, la Ley Federal de Telecomunicaciones desde 1995, es decir, cinco años después de la desincorporación de Telmex, incluyó en su artículo quinto transitorio la siguiente norma:
“Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se respetarán en los términos y condiciones consignados en los respectivos títulos, hasta su término”.
Por la complejidad del asunto y habiendo diversos argumentos sobre los legítimos derechos del gobierno federal -de todos los mexicanos- sobre este asunto, se deben atender los argumentos financieros y jurídicos de los oficios 101.501 de 4 de septiembre pasado.
Así como el 101.545 del 27 de septiembre pasado del secretario de Hacienda y Crédito Público y remitir a la Comisión Intersecretarial de Desincorporación y a la propia SHCP los dictámenes referidos.
Y hacerlos públicos, para hacer transparente y sólida una decisión de esta naturaleza.
La Canitec dijo que hasta el momento, la Cofetel no ha emitido comunicación oficial sobre dicho asunto que es de importancia en el proceso de convergencia que actualmente se encuentra en curso.
Sólo han sido declaraciones de uno de sus comisionados a la prensa e informaciones de “fuentes del organismo”, como lo señalan diversos medios de comunicación durante el día de hoy, como se ha conocido su aparente decisión.
Así, la Canitec solicitó al pleno de la Cofetel una resolución que incluya los dictámenes jurídicos y financieros solicitados por la Secretaría de Hacienda.
“Consideramos que no abona a la seriedad del organismo que este tipo de decisiones parezcan tomadas sin mayor análisis ni fundamento”, remarcó.
Los industriales de telecomunicaciones por cable confiamos que la Cofetel asuma a su papel de organismo regulador del sector de las telecomunicaciones, velando por el cumplimiento de la ley y el sano desarrollo de las diversas industrias que en él participamos, concluyó.
Fuente: El Economista
