El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmó este miércoles la multa histórica impuesta a Google en 2018 por obligar a instalar su motor de búsqueda y su navegador en los dispositivos Android, aunque redujo la cuantía de la sanción en unos 200 millones de euros.
Según la sentencia, que aún se puede recurrir, Google deberá pagar 4,125 millones de euros, en vez de los 4,343 millones propuestos por la Comisión Europea, por haber impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android que le permitieron afianzar su posición dominante en el mercado.
Los jueces aceptaron que la obligación que Google impuso a los fabricantes para que instalaran Google Search y Google Chrome en los teléfonos móviles y las tablets constituía una práctica abusiva, tal como dijo el Ejecutivo comunitario.
La Comisión consideró que ese requisito podía suscitar un sesgo de statu quo, por la propensión de los usuarios a utilizar las aplicaciones ya instaladas en los dispositivos, en vez de descargase un buscador y un navegador alternativos y, según la sentencia, ninguna de las críticas formuladas por Google desvirtúa ese análisis.
El Tribunal también aceptó los argumentos de la Comisión contra la prohibición que Google impuso a los fabricantes para que no vendieran dispositivos con una versión no avalada de Android, el sistema operativo de código abierto que el gigante tecnológico desarrolla de forma gratuita.
Según el TGUE, la práctica en cuestión había llevado a que se reforzara la posición dominante de Google en el mercado de los servicios de búsqueda general, al tiempo que constituía un freno a la innovación, por cuanto había limitado la diversidad de ofertas accesibles para los usuarios.
Sin embargo, los jueces desestimaron las tesis de Bruselas contra los acuerdos que la empresa firmó con los fabricantes y los operadores de redes móviles para condicionar una parte de sus ingresos publicitaros a que no instalaran buscadores distintos a los de Google.
Según los jueces, Bruselas no corroboró que tales acuerdos restringieron el principio de la libre competencia basada en los méritos de las empresas.
Tras conocerse la sentencia, Google emitió un comunicado diciendo que está decepcionado porque el fallo no ha anulado por completo la multa de 4,343 millones de euros que Bruselas le impuso en 2018.
‘Android ha creado más opciones para todos, no menos, y apoya a miles de negocios exitosos en Europa en todo el mundo’, dijo un portavoz de la compañía, que aseguró que la empresa está analizando antes de decidir sobre los siguientes pasos a dar.
Google considera que Android es el único ejemplo de un sistema operativo de código abierto exitoso y viable, y que da a los usuarios más posibilidades que ninguna otra plataforma para descargar e instalar otras aplicaciones a las ofrecidas por defecto en los teléfonos móviles y las tablets.
Asegura, además, que tras la multa impuesta por la Comisión, decidió desligar la licencia de Google Search de la de Google Play y fue incluso más allá» ofreciendo a los usuarios la posibilidad de instalar buscadores y navegadores alternativos a los suyos.
Las asociaciones de consumidores, en cambio, aplaudieron la sentencia.
‘Google ya no puede imponer su voluntad a los fabricantes de teléfonos. Ahora pueden abrir sus dispositivos a la competencia de los servicios de búsqueda y otros servicios, lo que permite a los consumidores beneficiarse de más opciones’, destacó Thomas Vinje, portavoz de FairSearch, la organización que denunció a Google ante la Comisión Europea.
La directora general de la Asociación de Consumidores Europeos (BEUC), Monique Goyens, afirmó que la sentencia es crucial porque confirma que los consumidores deben disfrutar de elecciones reales entre motores de búsqueda y navegadores en su teléfonos y tablets.
