Los monopolios del Estado sobre las telecomunicaciones y los seguros, que estuvieron vigentes en Costa Rica durante gran parte del siglo anterior, quedaron anulados esta semana en lo que algunos economistas consideran un cambio drástico para la vida económica del país.
El Congreso aprobó la noche del martes, en segundo y último debate, una ley que abre el negocio de los seguros a operadores privados, luego de que el lunes entró a regir otra legislación que rompe el monopolio estatal sobre las telecomunicaciones.
Ambas leyes forman parte de un conjunto de reformas paralelas que el gobierno costarricense se comprometió a aprobar con la suscripción del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como CAFTA-DR por su sigla en inglés.
Costa Rica aprobó ese TLC en un referendo en octubre, tras una larga controversia entre los sectores que lo apoyaban y los que se oponían a él, pero no podrá ponerlo envigencia hasta que se apruebe la totalidad de las reformas paralelas, conocidas como «agenda de implementación».
El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, aseguró este miércoles que -además de cumplir con los requisitos del TLC- las aperturas en telecomunicaciones y seguros son los pilares de la reforma del Estado que promueve la administación encabezada por su hermano, el presidente Oscar Arias, informó AFP.
El funcionario expresó su esperanza de que en los próximos días se le dé trámite legislativo a otro proyecto de ley que permitirá una mayor participación del sector privado en la generación de energía eléctrica, actividad que también ha sido controlada por el Estado, a través del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El economista Juan Muñoz, integrante de la Academia Centroamericana, estimó que la apertura de ambos monopolios propiciará el desarrollo de una sana competencia en sectores estratégicos de la economía costarricense.
«Esto (la apertura) abre la posibilidad de que se ofrezca a los usuarios una mejora en cuanto a variedad de productos y tarifas» y eso vale tanto para los seguros como para los servicios de telefonía celular e internet, en los que también se espera que la empresa privada entable competencia a las compañías estatales.
Fuente: El Universal, Venezuela
