Quieren que el caso llegue hasta la SCJNSe refuerza la versión de grupos de poder detrás del conflicto
No será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la que ponga orden en el sector de las telecomunicaciones ante el escandaloso conflicto entre funcionarios de esta dependencia y comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Fuentes de la SCT indicaron que pese a la demanda de la industria y del Poder Legislativo de que se termine con el conflicto, se buscará que sean los tribunales los que determinen si los legítimos comisionados de la Cofetel son Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, personajes que ya ocupan los cargos como subsecretario y jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, respectivamente, de la SCT.
De esta forma, la emisión del Reglamento Interno de la Cofetel, que está en manos del área jurídica de la SCT, junto con numerosos refrendos de concesiones ya aprobados por la comisión, y otras determinaciones, se encuentran amenazados de quedar en el congelador por tiempo indefinido.
Sin embargo, Eduardo Ruiz Vega, comisionado de la Cofetel, advirtió que es probable que la resolución por la vía judicial tome mucho tiempo, ya que ayer se difirió en los juzgados la audiencia correspondiente.
Empero, la resolución se daría en una primera instancia, lo que no implicará concluir con el conflicto.
Por lo anterior, el problema traería consecuencias más graves al considerar que en el caso de que los tribunales fallaran a favor de Del Villar y Martínez Pous, los comisionados Ruiz y Gerardo González someterían el caso a nuevas instancias, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el intermedio se advierte que seguiría congelada la aprobación del Reglamento Interno de la Cofetel, mismo que debe ser autorizado por la unidad jurídica de la SCT, de la que es titular Martínez Pous.
De la misma forma, el tiempo gastado en el conflicto ha impedido y, por otras razones no entendibles, ha propiciado que permanezcan en el congelador diversas determinaciones de la Cofetel, como en el caso de la emisión de refrendo de la concesión de Iusacell -telefónica celular del empresario Ricardo Salinas Pliego-, mismo que ya fue aprobado por la comisión, pero sigue detenido en las oficinas de la SCT.
Desde mediados del año pasado, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous interpusieron una demanda al haber sido objetados por el Congreso para ocupar los cargos de comisionados de la Cofetel. En los puestos que les corresponderían fueron nombrados y no objetados: Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca.
Martínez y del Villar consideran que fueron violados sus derechos una vez que al objetar los nombramientos el Congreso asumió facultades que son exclusivas del Poder Ejecutivo.
Por lo anterior, González y Ruiz interpusieron una denuncia penal en contra de Del Villar y de Martínez por falsedad de declaraciones durante su recurso de amparo, una vez que ya son funcionarios de la SCT.
La permanencia del conflicto ha reforzado la versión de que grupos de poder están detrás, en busca de colocar sus piezas en la Cofetel para mantener privilegios.
Fuente: El Financiero
