Defiende ‘ley Televisa’ ante la Corte. Argumenta que no puede obligar a dueños actuales a participar en otro concurso
El Gobierno federal dio por descartado ayer que en la nueva ley de radio y televisión se licite el espectro radioeléctrico que quedará disponible con el cambio de la señal análoga a la digital. Con esta medida, los actuales concesionarios de radio y televisión podrán ofrecer libremente otros servicios dentro de la misma banda, como radiodifusión, telefonía, internet y transmisión de datos.
En representación del Poder Ejecutivo, el Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, defendió ante la Suprema Corte la llamada «ley Televisa», y consideró que a los actuales concesionarios no se les puede obligar a participar en nuevas licitaciones para el uso del espectro radioeléctrico.
«Para estar en posibilidades de prestar servicios adicionales, los concesionarios no son sujetos a los procesos de licitación, toda vez que ya cuentan con la concesión para utilizar una banda de frecuencias de espectro radioeléctrico», explicó el Ejecutivo en un documento de 109 cuartillas firmado por Abascal. Ayer, el Ejecutivo y la Cámara de Diputados -representada por el diputado Álvaro Elías- presentaron ante la Corte su defensa.
Para ambas autoridades, la reforma publicada en abril no favorece la creación de monopolios, ni es discriminatoria, ni ignora tratados internacionales, y en cambio favorecerá la transparencia y la competitividad. Al contestar la demanda planteada por un grupo de 47 senadores, tanto el Ejecutivo como la Cámara de Diputados afirmaron que los inconformes pretenden convertir a la Suprema Corte de Justicia en un eslabón más del proceso legislativo, en vez de usar sus facultades para proponer las reformas legales que consideren necesarias.
Las autoridades también defendieron el trato distinto a permisionarios y concesionarios -que «siempre ha existido»-, pues los primeros operan estaciones oficiales o culturales sin fines de lucro, por lo que no pagan ni asumen responsabilidades económicas. Además, la Cámara consideró válido que se investigue a los solicitantes de permiso por razones «de seguridad nacional».
El Ejecutivo señaló que, sin la reforma, el Estado no tendría elementos suficientes para determinar qué persona es idónea para obtener dichos permisos. Una vez recibidas las contestaciones, el Ministro Salvador Aguirre Anguiano deberá fijar fecha para la audiencia final del juicio. Fuente: Periódico Reforma, Por Víctor Fuentes
