La Comisión Europea aprobó el plan de España para destinar 680 millones de euros al despliegue de redes 5G en áreas rurales, según informó la institución en un comunicado.
El objetivo del programa es proporcionar una amplia disponibilidad de redes de alto rendimiento en zonas insuficientemente atendidas, ofreciendo servicios de comunicación electrónica fiables y de alta calidad que satisfagan las necesidades actuales y futuras de los usuarios.
Estos apoyos se dirigirán a áreas rurales en España con una población inferior a 10,000 habitantes que carezcan de inversiones actuales o previstas en redes 4G con velocidades de descarga mínimas de 50 Mbps.
El despliegue de redes autónomas de 5G, respaldado por estas ayudas europeas, facilitará la oferta de servicios innovadores en sectores como la salud digital, la agricultura inteligente, la industria digitalizada, la conducción autónoma y los servicios de nube en línea.
El financiamiento del fondo europeo se destinará a la instalación de equipos e infraestructuras, así como a la provisión de servicios autónomos de banda ancha móvil 5G con velocidades de carga y descarga mínimas de 100 Mbps y 5 Mbps, respectivamente.
Las ayudas públicas se otorgarán en forma de subvenciones directas a los operadores de telecomunicaciones y podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de que las redes móviles 5G estén operativas para febrero de 2026 a más tardar. El importe máximo de las subvenciones será del 90% de los costos subvencionables por beneficiario.
Tras su evaluación, la Comisión Europea determinó que este régimen de ayudas públicas es ‘necesario y proporcionado’ para abordar la carencia de mercado representada por la falta de redes de comunicaciones móviles de alto rendimiento en regiones remotas o poco pobladas. Además, destacó que estas ayudas fomentarán el despliegue de equipos e infraestructuras que los operadores privados no han implementado ni planean implementar.
Por último, Bruselas considera que el plan de ayudas incluye medidas adecuadas para garantizar que no se produzcan distorsiones indebidas de la competencia y que las subvenciones no afecten negativamente a los intercambios comerciales en contra del interés común. Esto se logrará mediante un proceso de selección de beneficiarios que sea abierto, transparente y no discriminatorio.
