El Gobierno de España presentó este lunes en Bruselas un programa piloto para ayudar a las empresas a desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no invadan la vida privada y permitan mitigar riesgos en ámbitos como el sanitario, con base en la directiva que está negociando la Unión Europea.
El Ejecutivo lanzará entre octubre y noviembre una invitación para que todas las compañías que quieran participar en esta iniciativa presenten sus proyectos en materia de inteligencia artificial, de tal manera que las seleccionadas puedan colaborar durante tres meses con las autoridades para analizar si cumplen los requisitos de la normativa europea.
Las instituciones comunitarias están negociando una directiva para regular los sistemas de inteligencia artificial considerados de alto riesgo, como pueden ser herramientas para garantizar la seguridad viaria, el suministro de servicios como el agua o la electricidad, métodos para la contratación laboral o para analizar la solicitudes de asilo.
Bruselas está dispuesta a autorizar estas herramientas siempre y cuando las autoridades nacionales o las propias empresas que las desarrollen puedan demostrar que son respetuosas con los derechos fundamentales y en este sentido se enmarca el programa piloto del Gobierno, financiado con 4.3 millones de euros de los fondos Next Generations
‘Aspiramos a ofrecer un ambiente seguro para que las autoridades competentes y las empresas que desarrollen sistemas de inteligencia artificial puedan trabajar juntos para encontrar la mejor forma de cumplir con futuras obligaciones’, dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.
Un proyecto ‘que va a ser una gran oportunidad de innovación para las empresas emergentes, para nuestra industria’, dijo la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.
El programa ‘permitirá a los innovadores probar sus sistemas de inteligencia artificial en ambiente controlado y obtener certeza legal sobre cómo aplicar las normas’, añadió el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.
La iniciativa cuenta con la colaboración de la Comisión Europea y está abierta a otros países de la UE, en una iniciativa lanzada por el Gobierno pensando que en el segundo semestre de 2023, durante la presidencia española de la UE, España tendrá que cerrar las negociaciones de la directiva europea que espera entrar en vigor en 2024.
