El Estado pretende que , a partir del primer día de enero de ese año, cualquier ciudadano pueda adquirir el servicio de 1 megabit sin importar el punto del país en que viva
A partir del 1 de enero de 2011 cualquier ciudadano que lo solicite, independientemente de su lugar de residencia, tendrá derecho a solicitar con un acceso a Internet con una velocidad mínima de 1 megabit por segundo (Mbps). El Gobierno ha decidido convertir la banda ancha en un derecho , incluyéndola dentro de las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones, el conjunto de prestaciones básicas que tienen que se prestadas en todo el territorio nacional, que ahora sólo contempla tener una línea fija, derecho a la guía telefónica, cabinas públicas y acceso para discapacitados.
La medida supone en el plano legislativo una revolución puesto que hasta ahora habían sido en vano todos los intentos de universalizar el acceso a Internet. Desde el punto de vista práctico, las consecuencias son más modestas, ya de los 9,5 millones de accesos de banda ancha sólo 39.000 de ellas lo hacen a una velocidad inferior a 1 mega, aunque supondrá un impulso para que las compañías tiendan nuevas redes y se acorte la brecha digital que mantiene España con los países más avanzados. No será fácil implantar la nueva obligación. El Gobierno deberá modificar la Ley General de Telecomunicaciones o, en su defecto, el reglamento que regula el servicio universal. Posteriormente, deberá convocar uno o varios concursos para adjudicar la prestación del mismo.
Y aquí es donde se genera el principal problema. Si no hay subvenciones públicas, ningún operador está interesado en prestar este servicio en zonas rurales o con escasa población, ya que es altamente deficitario. Por lo que, como ha ocurrido con el actual servicio universal, es muy probable que los concursos se queden desiertos. El Ejecutivo se verá entonces obligado a adjudicar por decreto esa prestación a una operadora. Por el momento, siempre ha elegido a Telefónica. El segundo problema es quién se hace cargo de los gastos.
Hasta la fecha, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones calcula cuánto cuesta, año por año, el servicio universal y distribuye el gasto entre varias compañías, atendiendo a sus cuotas de mercado. En 2006, último año para el que se realizó el cálculo, el servicio universal costó 75,3 millones de los que el 71 por ciento fue asumido por Telefónica, y el resto por Vodafone y Orange.
Las compañías, a través de sus asociación Redtel , ya han manifestado su rechazo a la medida. Entienden que, una vez más, el Gobierno extiende derechos a sus expensas como ha ocurrido con al reciente obligación de identificar las tarjetas prepago. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, que hizo el anuncio en la inauguración del III Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD), no ayudó a despejar las dudas, y se limitó a indicar que dependiendo del interés que exista por parte de las empresas para ser designados como operador del servicio universal, se convocarán los concursos necesarios por elementos y zonas geográficas.
Fuente: La Nación, Argentina
