El Parlamento Europeo aprobó este jueves la ley de servicios digitales que obligará a retirar rápidamente el contenido ilegal en internet y exigirá transparencia a las grandes tecnológicas sobre el funcionamiento de los algoritmos que determinan lo que ven los ciudadanos en la red.
Los eurodiputados respaldaron la directiva por 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones.
La intención es que la normativa entre en vigor en 2023, aunque el Parlamento Europeo tendrá que acordar antes un texto común con el Consejo de la Unión Europea, el otro órgano colegislador que representa a los Estados miembros.
La norma obligará a compañías como Google, Meta, Twitter o Amazon a hacer análisis anuales para identificar el posible riesgo que los algoritmos puedan causar a la salud de los ciudadanos o a la seguridad pública.
Además, tendrán que someterse a los exámenes de auditorías independientes y tendrán que ofrecer a las autoridades públicas la información que necesiten para poder evaluar la forma en que moderan el contenido en internet.
En este sentido, los eurodiputados aprobaron una enmienda que impide a las tecnológicas apararse en la confidencialidad de los secretos comerciales para facilitar a los poderes públicos información, como sí les permitía una versión anterior de la propuesta.
Las empresas de internet tendrán que eliminar con rapidez el contenido ilegal o la información sobre productos fraudulentos que aparezca en sus páginas webs una vez tengan conocimiento de ello, ya sea por la advertencia de los usuarios o de personas expertas en detectarlo.
La ley de servicios digitales permitirá a los usuarios negarse a recibir publicidad personalizada, si bien no prohíbe por completo esta práctica, el principal negocio de las tecnológicas, a no ser que los anuncios vayan dirigidos a menores de edad.
La Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea podrán empezar a negociar ahora un texto común para la ley de servicios digitales y uno de los principales escollos será alcanzar un acuerdo sobre quién tendrá la última palabra para comprobar que los gigantes de internet cumplen con la directiva.
Los países europeos quieren que sea Bruselas quien tenga esa capacidad para evitar que Irlanda se convierta de facto en el principal regulador por ser la sede de estas empresas, gracias a los incentivos fiscales que les ofrece.
En cambio, la Comisión y el Parlamento Europeo proponen que la decisión la tome Bruselas, en colaboración con los países.
La directiva prevé que la multa por incumplimiento pueda alcanzar el 6% de la facturación anual de la compañía.
Las tres instituciones empezaron a negociar la semana pasada la ley de mercados digitales, la segunda normativa que la UE quiere aprobar en 2023 para regular el poder de las tecnológicas y que pretende evitar las prácticas monopolísticas de los gigantes de internet.
