El Gobierno de Francia presenta hoy su proyecto de ley para crear un impuesto nacional sobre los gigantes de internet, en vista de que aún no hay consenso para hacerlo a nivel europeo.
El impuesto se aplicaría a un 3% sobre la facturación del negocio digital para las empresas cuyas ventas mundiales en esa actividad sean superiores a los 750 millones de euros en el mundo y a 25 millones en Francia.
La tasa, que tendrá efecto retroactivo con fecha del pasado 1 de enero, cubre tres actividades: la publicidad en línea, la venta de datos personales y la intermediación.
Esta última se refiere a las plataformas que envían al internauta a otro sitio web, pero no las ventas en línea de un negocio en su propia página.
El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, explicó que esta tasa digital francesa ‘es un comienzo’, y lamentó que cuatro de los 28 miembros de la Unión Europea hayan bloqueado la iniciativa a ese nivel. En cualquier caso, dijo confiar en que pueda salir adelante a escala internacional, ya que Estados Unidos es favorable.
El Gobierno francés calcula que puede recaudar unos 500 millones de euros anuales y, según Le Maire, se justifica sobre todo para ‘restablecer la justicia fiscal’, teniendo en cuenta que los gigantes de internet están sometidos en la realidad a un tipo impositivo 14 puntos inferior al de una pyme francesa.
Se trata de hacer frente a la práctica de muchas de esas empresas que declaran el grueso de su negocio realizado en Francia en jurisdicciones que les resultan mucho más favorables para apenas pagar impuestos, y en particular en Irlanda.
El ejemplo utilizado por los redactores del proyecto de ley para ilustrarlo es que Google sólo declaró en Francia un volumen de negocios de 395 millones de euros en 2017, mientras en Irlanda -con muchos menos clientes- dijo haber tenido 22,000 millones.
Para Le Maire, más allá de poner en marcha este impuesto en Francia, la meta ahora es ‘proseguir la lucha para que esta tasación sea adoptada al nivel de la OCDE‘.
La razón es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso en marcha una reflexión sobre esta cuestión con las grandes potencias mundiales y, sobre todo, que el secretario de Estado de Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo la semana pasada que quiere lograr un acuerdo en ese ámbito antes de finales de año.
El ministro francés ha reiterado que la tasa que ahora se crea en su país será sustituida por la que confía que aparezca como resultado de esa concertación internacional.
Uno de los desafíos que supone este impuesto digital es el cálculo de la cifra de negocios precisa que los gigantes de internet obtienen efectivamente en Francia. Para el caso de Google -siguiendo el ejemplo anterior- se estima que es de unos 2,000 millones de euros, declarados en su inmensa mayoría en Irlanda.
Otro problema es que el impuesto sea repercutido directamente a los clientes de las compañías que lo tendrán que abonar.
De acuerdo con un informe encargado por la Asociación de la Industria Digital e Informática (CCIA) al gabinete de abogados Taj, filial de Deloitte, más de la mitad lo acabarán pagando los consumidores de servicios de internet, un 40% por las pymes francesas que utilizan el mercado en línea y sólo el 5% por los grupos que son el verdadero objetivo.
