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Francia prohíbe a la policía usar drones con cámara

La policía francesa deberá dejar de utilizar cámaras montadas en drones para hacer cumplir los bloqueos del virus, monitorear protestas, y otras acciones

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El organismo de control de la privacidad de Francia (CNIL) indicó a la policía que debe dejar de utilizar cámaras montadas en drones para hacer cumplir los bloqueos del virus, monitorear protestas, vigilar los tratos de drogas y perseguir a los ladrones de autos.

El regulador analizó cómo las fuerzas del orden usaban los drones para verificar si las personas obedecían las reglas del bloqueo y probó cómo recopilaba datos, incluidas las identidades de las personas.

‘El Ministerio del Interior realizó vuelos con drones equipados con cámaras fuera de cualquier marco legal’, concluyó la CNlL en un comunicado.

La prohibición es una victoria para los activistas de la privacidad que han estado rechazando el uso de nuevas tecnologías para monitorear el comportamiento de ciudadanos y empleados desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

Las fuerzas policiales también utilizan cada vez más los drones para perseguir delincuentes en áreas amplias, monitorear escenas de crimen y multitudes o buscar personas desaparecidas.

La Quadrature du Net, un grupo activista francés, presentó demandas contra la policía de París en abril pasado. El tribunal más alto del país falló a su favor en mayo, así como en un fallo de seguimiento el mes pasado; pero los activistas dijeron que el Ministerio del Interior siguió usando los drones.

En un lenguaje inusualmente directo, la CNlL dijo que el fallo del jueves significaba que el gobierno ya no podía ignorar las reglas y convocó a funcionarios del ministerio con miras a imponer sanciones no especificadas. Pidió al gobierno que detenga todos los vuelos de drones con cámara hasta que exista un marco para autorizar el procesamiento de datos personales y hasta que se encuentre una manera de detener los sistemas que identifican a las personas.

La CNlL informó que estaba aplicando una directiva de la Unión Europea de 2016 que rige cómo las autoridades policiales y judiciales pueden recopilar y utilizar dichos datos.