Las sanciones fueron porque PCTV vendió contenidos a segundos concesionarios y no sólo a la empresa de cable que opera en una ciudad
Distrito Federal (9 agosto 2006).- La Comisión Federal de Competencia impuso multas por más de cinco millones de pesos a Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV), que es una asociación de empresas de televisión por cable que se dedican a la distribución de programas.
Las sanciones fueron motivadas porque PCTV incumplió con el mandato de eliminar disposiciones de sus estatutos que prohíben la venta de contenidos a segundos concesionarios, y no sólo a la empresa de cable que opera en una ciudad.
PCTV es uno de los principales proveedores de contenido de los grupos de cable más grandes como Cablevisión, Cablemás, Telecable, Cablecom y Televicable del Centro, además de los agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec).
Eduardo Pérez Motta, titular de la CFC, dijo que su objetivo es que la asociación cambie sus reglas internas para romper el control en la distribución de contenidos de televisión, con el fin de fomentar la entrada de nuevos participantes en los diferentes mercados regionales y locales.
«Traemos unos litigios con PCTV y nos vamos a ir a la yugular contra ellos porque no quiero que utilicen los contenidos como un mecanismo de discriminación», señaló Pérez Motta.
La reglamentación de los contenidos también es una demanda de Teléfonos de México, porque considera que PCTV ejerce un monopolio de los contenidos de televisión restringida.
Javier Mondragón, representante legal de la empresa, pidió la desaparición de PCTV, dado el interés de Telmex de entrar en el mercado de video.
«Tienen una práctica monopólica absoluta, PCTV debe desaparecer. Tiene que haber resoluciones en cuanto a los contenidos», dijo Mondragón.
Pérez Motta añadió que también han peleado por que las empresas de cable acepten segundas concesiones en su zona de influencia, esto es, la posibilidad de que en cada ciudad o localidad donde opere un cablero, se de la autorización para que otro instale sus servicios.
Fuente: Reforma, Verónica Gascón
