Las reformas pretendían intervenir los teléfonos celularescon el fin de ubicar a posibles criminales y evitar extorsiones
EFE
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Raúl Plascencia, impugnó ante la Suprema Corte la constitucionalidad de las normas que permiten a las fiscalías ubicar teléfonos móviles vinculados con investigaciones de delitos, informó hoy el organismo.
La CNDH indicó en un comunicado que su titular presentó una demanda de inconstitucionalidad vinculada con varias reformas a diversos artículos del Código de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
La comisión explicó que estas reformas autorizan al Fiscal federal y los estatales a «solicitar a los concesionarios del servicio de telecomunicaciones, la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de telefonía móvil, para la investigación de diversos delitos».
El organismo defensor de los derechos humanos aseguró que estas reformas son consideradas contrarias «a las garantías de legalidad, certeza, seguridad jurídica y derecho a la privacidad consagradas en la Constitución».
Explicó que la demanda se presentó debido a que «las reformas carecen de limitación temporal y otorgan facultad discrecional e ilimitada a las Procuradurías».
Añadió que en esta «controvertida» norma no se prevé la intervención de «jueces para que autoricen la medida, la supervisen y revoquen en su momento».
La CNDH afirmó que las citadas normas «vulneran los derechos humanos de las personas», los cuales son garantizados por la Constitución mexicana y los tratados internacionales suscritos por México.
Las autoridades promovieron reformas legales para autorizar la intervención de teléfonos celulares con el fin de ubicar a los posibles autores de crímenes y para evitar extorsiones y otros delitos.
