Para eliminar la fragmentación del mercado digital en la Unión Europea, la CE ha propuesto en primer lugar acabar con restricciones en la portabilidad de servicios en línea que impiden, por ejemplo, que un abonado a la plataforma audiovisual Netflix en Alemania no pueda ver películas en Polonia.
Actualmente, cuando un ciudadano viaja por la UE pierde el acceso en línea a las películas, música, libros electrónicos, juegos o retransmisiones deportivas a las que esté suscrito.
La Comisión espera que para 2017 este reglamento haya sido acordado con los Estados miembros y el Parlamento Europeo y pueda empezar a aplicarse, dijo en una rueda de prensa el vicepresidente comunitario para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip.
La iniciativa propone que los proveedores de contenidos tengan la obligación de suministrar el servicio a los abonados cuando estén «temporalmente» en otro país de la UE, para el mismo tipo y el mismo número de dispositivos, de usuarios y de funciones que ofrece en el país de residencia. Según la CE, el 35 % de los europeos viaja al menos una vez al año y pasa más de diez días en otro país de la Unión.
Los usuarios podrán ver en línea («streaming») o descargar contenidos, cuyos contratos de derechos de autor «no tendrán que ser renegociados» entre los titulares y los proveedores al no verse «sustancialmente afectada» la manera en que se conceden licencias.
La regulación tampoco obliga a que el proveedor tome medidas para garantizar la calidad de la entrega del contenido en otros países diferentes al de la suscripción, todo ello para «no imponer costos desproporcionados».
El comisario europeo de Economía y Sociedad Digital, Günther Oettinger, reconoció que la propuesta ha tenido que encontrar «un punto intermedio inteligente» para que el Consejo -los países- la acepte, y admitió que hay «considerables reservas».
«Nuestra propuesta es ambiciosa pero, a la vez, realista», dijo, y afirmó que si no se tuviera en cuenta el domicilio principal del suscriptor, éste podría buscar la plataforma más barata en toda Europa y abonarse a ella.
La Comisión también propuso hoy un plan de acción para modernizar las normas comunitarias de derechos de autor, sobre las que quiere hacer propuestas legislativas concretas «en los próximos seis meses», así como nuevas reglas para mejorar la protección de los consumidores cuando compran en internet y mejorar la expansión de las empresas en ese medio armonizando los derechos contractuales.
Bruselas aseguró que en primavera hará más propuestas para mejorar la distribución transfronteriza de programas de televisión y radio en línea por medio de revisar la directiva sobre satélite y cable, así como facilitar las licencias.
Además, estudiará cómo los investigadores o profesores en línea puedan beneficiarse más de las excepciones que permiten utilizar contenidos, en determinadas circunstancias, sin autorización previa de los titulares.
La Comisión también indicó que analizará el papel de los servicios de agregación de noticias, si bien aclaró que no quiere «gravar» los hiperenlaces, es decir, no hacer pagar por los derechos de autor a los ciudadanos cuando estos únicamente compartan un enlace a un contenido protegido por derechos de autor.
Para combatir la piratería, que un 22 % de los europeos ve aceptable si no hay alternativa legal, la CE aseguró que trabajará en 2016 sobre un marco comunitario para rastrear y cortar el dinero que financia los negocios «que se lucran» de este fenómeno.
La Comisión abrió hoy una consulta pública para recabar opiniones sobre cómo mejorar las normas europeas de propiedad intelectual, y también con idea de ver cómo hacer más «eficaz» la retirada de «contenidos ilegales por parte de intermediarios en línea».
A largo plazo la CE persigue una «aplicación uniforme» de las leyes de derechos de autor, pero admite que «aún es demasiado pronto para considerar una total armonización» en la UE.
Plataformas como DigitalEurope y la patronal europea, BusinessEurope, celebraron estas iniciativas al igual que la asociación europea de consumidores, BEUC, que pidió no obstante terminar con el «geobloqueo» y que los ciudadanos puedan abonarse a contenidos de otros Estados miembros.
EFE
