Estos son tiempos difíciles para las personas involucradas en la labor de combatir la propagación de noticias falsas.
Basta preguntarle a Nina Jankowicz, quien, al comenzar su trabajo para el gobierno de EU, recibió su primera amenaza de muerte.
Jankowicz, experta en la difusión de propaganda, fue nombrada a principios de 2022 directora ejecutiva de la Junta de Gobernanza de la Desinformación, un organismo creado para asesorar al Departamento de Seguridad Nacional de EU sobre desinformación.
El trabajo de la DGB, que se suponía ayudaría a la seguridad nacional, se detuvo después de unas semanas debido a las críticas y exageraciones de los legisladores republicanos y los medios de comunicación de derecha, distorsiones que la administración del presidente Joe Biden no logró contrarrestar. A los pocos meses, la junta se disolvió.
El ataque de la DGB no fue más que una salva temprana en una campaña en curso contra casi cualquier persona involucrada en la lucha contra la desinformación, un esfuerzo que se vuelve aún más esencial a medida que se acercan las polémicas elecciones presidenciales estadounidenses.
No es posible saber si Donald Trump, en caso de ser elegido, cumplirá con las prescripciones del Proyecto 2025. Aun así, las demandas, investigaciones y otras oposiciones tienen un efecto paralizador en el trabajo de combatir la difusión de información errónea, según investigadores consultados.
