Un nuevo problema ha surgido en la ya de por sí difícil ¿o inexistente? relación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). La nueva discrepancia se presenta ahora en el Plan Fundamental de Interconexión que elaboró el comisionado Gerardo González Abarca.
Para Héctor Osuna este Plan de Interconexión es la mejor prueba de que el titular de la SCT, Luis Téllez, se equivoca cuando acusa a los comisionados de estar «coptados» por las empresas reguladas porque ha trascendido que Telmex y Telcel analizan ampararse en su contra.
Sin embargo, para la SCT el problema es que este plan de interconexión tiene severas fallas jurídicas de origen que abren la oportunidad precisamente para que Telmex gane un amparo, por lo que debe ser revisado.
La interconexión, hay que recordarlo, es uno de los requisitos que estableció la Comisión Federal de Competencia (CFC) junto con la portabilidad numérica y que Telmex tiene que cumplir antes de poder ofrecer los servicios de triple play o Convergencia Tecnológica y de que se modifique su título de concesión.
Lo lógico sería, desde luego, que la Cofetel hubiera consultado con la SCT antes de publicar su Plan de Interconexión que regirá para todos los concesionarios de telefonía, pero evidentemente no fue así y Telmex seguirá sin poder participar en la Convergencia hasta que no se modifique su titulo de concesión y termine el impasse en el que se encuentran hoy todas las decisiones que involucren a la SCT y a la Cofetel. Modificar el titulo de concesión sin un previo acuerdo entre los dos organismos sería prácticamente imposible porque es finalmente Luis Téllez quien firmaría el nuevo título.
El panorama se complica porque en el Senado se pretende meter al acelerador a fondo para modificar las Leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones y un punto clave por definir es si de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia se abre realmente la posibilidad de cómo en el Instituto Federal Electoral (IFE) de remover de sus cargos a todos los comisionados.
Fuente: Maricarmen Cortés, El Economista, México
