El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, propuso este martes impulsar una ley que prohíba el acceso a redes sociales a menores de 16 años, en una iniciativa que sigue los pasos de Australia, donde ya se aprobó una medida similar en noviembre pasado.
Luxon explicó que el objetivo es proteger a los niños y garantizar que las empresas tecnológicas asuman su responsabilidad para mantenerlos seguros. Señaló también que muchos padres han manifestado su preocupación por el impacto que las redes sociales tienen en sus hijos.
La diputada del Partido Nacional, Catherine Wedd, fue quien presentó la propuesta con el respaldo del primer ministro. Según explicó, la iniciativa busca proteger a los jóvenes del acoso, el contenido inapropiado y la adicción digital, restringiendo el uso de redes sociales a menores de 16 años, tal como lo hizo Australia.
Aún no hay fecha definida para que la propuesta llegue al Parlamento, pero se contempla que obligue a las plataformas digitales a tomar todas las medidas necesarias para impedir que menores de esa edad creen cuentas. En caso de incumplimiento, se aplicarían sanciones económicas que podrían alcanzar los dos millones de dólares neozelandeses (aproximadamente 1.05 millones de euros).
Luxon detalló que su partido aprobó el proyecto el mes pasado, aunque antes de presentarlo formalmente como iniciativa de Gobierno, buscaba sumar apoyo de otros partidos en el Parlamento. Afirmó que no se trata de un tema político, sino de una preocupación nacional.
También expresó su confianza en que podría lograrse un consenso amplio entre distintas fuerzas políticas para llevar adelante la medida.
Por su parte, Australia aprobó en noviembre una ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a redes sociales, con sanciones de hasta 32.5 millones de dólares (30.7 millones de euros) para las plataformas que no cumplan. La iniciativa fue respaldada por el Senado con 34 votos a favor y 19 en contra, y obtuvo también apoyo parcial de la oposición. El texto regresará a la Cámara de Representantes para la aprobación final de algunas modificaciones antes de convertirse en ley.
