Carlos Sotelo propone convertir a la comisión en institutoSenado discutirá la iniciativa en febreroSugiere ingresos para radios comunitarias
Es necesaria una reforma integral en el sector de las telecomunicaciones para agilizar los procesos legislativos que deriven en mejores condiciones tanto para operadores como consumidores; para ello se subirá al pleno del Senado una propuesta que pretende, entre otras cosas, convertir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en un Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de dotarlo de total autonomía en materia regulatoria.
En entrevista, Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, indicó que su iniciativa es integral porque pretende aglutinar varios temas pendientes en el sector.
El proyecto, que lleva por nombre «Reforma Integral de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión», será puesto a discusión en febrero y busca incrementar de cinco a siete el número de comisionados del organismo, los cuales serían elegidos por el Senado y no por el Ejecutivo, con una gestión de siete años.
Se dotaría a la nueva entidad de todas las facultades para «regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los servicios de las telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales de la radio y la televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones».
Además, pretende que el Instituto sea el único encargado de la administración del espectro radioeléctrico, particularmente en los procesos para la asignación de frecuencias o bandas de espectro.
En materia de publicidad, indica que los concesionarios con fines de lucro en televisión no podrán exceder de 12 minutos por hora de programación y 24 minutos por hora en la radio; los concesionarios sin fines de lucro, como los operadores comunitarios, no podrán exceder de seis minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio. El senador propone así que las radiodifusoras comunitarias puedan obtener ganancias por la comercialización de sus espacios.
Reciprocidad
En el ámbito de telecomunicaciones, indica que la participación de la inversión extranjera se deberá ajustar a los porcentajes establecidos en los convenios de «reciprocidad del país de origen de la inversión».
En el caso de las concesiones, la propuesta no contempla la posibilidad de implementar los refrendos automáticos y establece que deben llevarse a cabo bajo el esquema de licitación, ámbito regulado en su totalidad por el instituto que propone crear.
La iniciativa del senador también plantea la necesidad de agilizar la transición hacia la radio y televisión digital.
Además, el documento establece desvincular a la Secretaría de Gobernación (Segob) de la vigilancia de los contenidos en materia de radio y televisión, porque «es inconveniente encargar formalmente la tarea de supervisión a una dependencia del Ejecutivo federal que tiene atribuciones de política interior que en nada se relacionan con la función social de los medios electrónicos de comunicación», argumenta.
Por otra parte, busca aumentar la cobertura social de los servicios básicos de telecomunicaciones, televisión y radiodifusión en las zonas marginadas urbanas, suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas.
Dentro de su propuesta, el senador impulsa la figura de «derecho de réplica», en la cual las personas agraviadas por un medio de comunicación pueden hacer uso del mismo para defenderse.
«En diciembre tratamos de hacer reformas de manera parcial, pero ahora vamos a hacerlo de manera integral», ahondó Sotelo.
Para Irene Levy, especialista en materia legal del sector, la propuesta de Sotelo es un buen punto de partida, ya que cuenta con una visión integral y pretende legislar de manera convergente con respecto a la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radio, Televisión y Cinematografía.
No obstante, Levy consideró que pese a ser un buen proyecto, las condiciones políticas actuales no permitirán que se apruebe.
Fuente: El Financiero, México
