El Gobierno de Singapur reconoció que la Policía tendrá acceso a los datos del rastreador utilizado en la ciudad-Estado para evitar la propagación de COVID-19 en caso de que sea necesario para una investigación criminal.
El ministro de Interior, Desmond Tan, admitió ante el Parlamento que las autoridades tendrán acceso a la información recabada, algo que ha levantado polémica este martes en la pequeña nación ante la supuesta vulneración en las políticas de protección de datos.
Alrededor del 80% de los 5.7 millones de habitantes en Singapur utilizan, ya sea mediante una aplicación de teléfono móvil o con un dispositivo físico, el programa TraceTogether (rastreamos juntos) impulsado por las autoridades.
‘La policía de Singapur está autorizada para obtener cualquier tipo de datos, incluidos aquellos bajo el programa TraceTogether para (utilizarlos) en investigaciones criminales’, reconoció el lunes el ministro en el Legislativo.
Tan señaló que el Gobierno es quien recaba la información enviada por los usuarios y precisó que protege los datos personales, aunque solo autoriza a las autoridades acceder a estos con el propósito de mantener la seguridad y protección de los ciudadanos.
El ministro también indicó que los oficiales que usen o filtren información personal serán castigados con penas de hasta dos años de cárcel.
Diputados opositores interpelaron al ministro con cuestiones sobre la protección de datos de posibles testigos en crímenes y sobre si este acceso de las autoridades afectará al amplio uso de la aplicación o las implicaciones de vulnerar las políticas de la aplicación.
La política de privacidad de TraceTogether estipula que los datos solo serán utilizados para rastrear los contactos (en caso de infección) de COVID-19.
El reconocimiento por parte del ministro también tuvo respuestas en las redes sociales este martes, donde usuarios evidenciaban su falta de confianza con las autoridades e incluso denunciaron el autoritarismo del gobierno singapurense.
Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, denunció este martes en Twitter que la ‘mentira’ promovida por las autoridades podría ‘amenazar derechos básicos de privacidad’ y ‘abusos contra los ciudadanos’ de la moderna metrópoli, campo de prueba para numerosas tecnologías.
Las férreas leyes de la ciudad-Estado, gobernada por el mismo partido desde su independencia en 1965, dejan poco espacio a la disidencia y protesta pública.
Singapur es además uno de los países del mundo con menor tasas de crímenes con violencia.
La ciudad-Estado contabiliza desde el inicio de la pandemia 20 fallecidos por COVID y 58,721 casos confirmados, alrededor del 90% entre trabajadores inmigrantes poco cualificados que viven hacinados en barracones.
