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Políticas para incentivar la competencia en la banda ancha (Tercera parte)

Muchas industrias sujetas a la regulación son aquellas que se encuentran en una fase de transición originada, por ejemplo, las que solían ser monopolios y cuyo mercado fue abierto a la competencia.

Dado que es improbable que las compañías entrantes puedan competir en igualdad de circunstancias con la empresa establecida, un regulador supervisa a la industria a fin de garantizar la transición hacia un mercado competitivo, misma que podría acelerarse estableciendo un marco de regulación procompetencia.

Al respecto, la ausencia de competencia en la provisión de banda ancha en México puede explicarse por la falta de una política regulatoria de desagregación de la línea de abonado local. Esta política ha sido adoptada por múltiples países en los cuales no existen sustitutos a la red telefónica convencional, ya que permite a quienes tienen servicio telefónico contar con proveedores alternativos de banda ancha.

No importando el tipo de desagregación del que se trate, ya sea desagregación total (en la cual un competidor arrienda el control total de la línea del abonado local a la empresa establecida) o desagregación parcial (bajo la cual
la empresa controla el servicio de voz, pero arrienda al competidor la capacidad de proveer el servicio de banda ancha al usuario), existen ventajas y desventajas de implementarla. La desagregación puede incrementar rápidamente la competencia en la provisión de servicios, pero mal diseñada puede inhibir la inversión de la empresa establecida en el mantenimiento y expansión de su red. Sin embargo, en lugar de evaluar las ventajas y desventajas y diseñar una desagregación eficiente, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) introdujo disposiciones regulatorias que estorbaron el hecho de que diferentes redes compitieran suministrando el servicio.

Por ejemplo, las redes públicas de televisión por cable solo fueron autorizadas a proveer servicios de banda ancha hasta el 2003, mientras que en el 2002 ya lo habían autorizado 26 países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), y hasta la fecha a ninguna empresa se le ha autorizado la prestación del servicio VoIP. Adicionalmente, se les exigió a las nuevas empresas de televisión por cable tener una capacidad de al menos 750 MHz (cuando la capacidad de las empresas presentes oscila entre 450-550 MHz) y una cobertura potencial mínima del 80% en sus áreas de influencia, lo que eleva fuertemente los niveles de inversión requeridos.

Dichos estorbos a los proveedores alternativos de banda ancha ni siquiera podrían justificarse bajo el argumento de proteger la posición dominante de Telmex, ya que si bien las redes de televisión por cable tienen una cobertura
potencial del 55% de la población, en realidad sus usuarios se han concentrado en velocidades de acceso bajas (128-512kbps), es decir, estas empresas atienden a usuarios que no tienen capacidad para adquirir el servicio de Telmex a las tarifas actuales.

Sin embargo, debe observarse que conforme se incremente la limitada cobertura de la televisión por cable para ofrecer el servicio de banda ancha de mayor capacidad, pueden esperarse aumentos en el bienestar de los familias y empresas usuarias del servicio.

Por ejemplo, sus tarifas para suministrar la capacidad de 2mbps a usuarios residenciales son menores al 35% de la tarifa correspondiente de Telmex y en el caso de usuarios comerciales son menores al 47% de la tarifa establecida por dicha empresa.

Puede afirmarse que para resolver la brecha de banda ancha de México deben tomarse decisiones de política regulatoria pro-competencia, de lo contrario el compromiso del presidente Felipe Calderón Hinojosa acerca de “… garantizar la libertad de elección de los usuarios … respecto a las distintas ofertas de servicios disponibles en el mercado, no sólo en materia televisiva … sino libertad de elección también en telefonía y en servicios de Internet”, no podrá realizarse.

Además, el país perderá la posibilidad de intensificar la competencia entre los diferentes proveedores de servicios de comunicaciones y de incorporar rápidamente a la población mexicana al uso de las nuevas tecnologías.

Fuente: El Economista, Fernando Butler Silva, presidente del Colegio Nacional de Economistas 

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