Conforme el uso de los servicios de telefonía vía Protocolo Internet (VoIP, por su sigla en inglés) se generaliza en el mercado, los consumidores son más vulnerables a los problemas de seguridad de sus servicios. Entre las amenazas más importantes se encuentran las negativas a ofrecer el servicio (DoS), problema crítico debido a que los servicios de VoIP y las videoconferencias dependen fuertemente de un ruteo y switcheo eficiente, ya que la percepción de su calidad de servicio es muy sensible al tiempo.
Otras amenazas a la seguridad de estos servicios son el gran crecimiento del número de e-mails y mensajes de texto indeseados (spam) sobre la telefonía Internet (SPIT, por su sigla en inglés) y los virus que se esparcen en tiempo real en el tráfico de datos de voz. Asimismo, hay un gran potencial de desarrollo de actividades de espionaje y de fraudes en cobros. Todos estos peligros deben ser enfrentados por los reguladores.
Asimismo, VoIP impone un problema de política reguladora más complejo. El origen de la regulación de muchas industrias se basa en que éstas se encuentran en una fase de transición originada, por ejemplo, en que solían ser monopolios que utilizaban viejas tecnologías, cuyo mercado fue abierto a la competencia.
Dado que es improbable que las compañías entrantes puedan competir en igualdad de circunstancias con la empresa establecida, un regulador supervisa a la industria a fin de garantizar la transición hacia un mercado donde múltiples empresas y tecnologías compitan.
Al respecto, muchos economistas coinciden que deben establecerse regulaciones tecnológicamente neutrales, las cuales no deben favorecer tipos particulares de tecnología. Esto puede interpretarse como el requerir que las mismas regulaciones se apliquen a los servicios que los consumidores consideran similares, independientemente de la tecnología subyacente. Sin embargo, en términos de regulación eficiente, la neutralidad tecnológica puede significar sólo que el mismo criterio de competencia debe aplicarse a los servicios de voz de telefonía tradicionales (PSTN, por su sigla en inglés) y de VoIP.
Dicho criterio de competencia podría incluir los elementos utilizados para decidir si un mercado puede ser candidato para regulación «ex-ante», para definir el mercado relevante o para designar a los operadores con poder de mercado. Sin embargo, la política de competencia aplicable a los servicios VoIP puede diferir en comparación de la aplicable a los servicio PSTN, si VoIP tiene la capacidad de impactar y modificar la situación competitiva prevaleciente en un mercado alterando, por ende, la política de competencia apropiada.
Por ejemplo, los paquetes VoIP pueden ser entregados por cualquier tipo de infraestructura de acceso a Internet de banda ancha, Las barreras a la entrada de proveedores de VoIP pueden ser consideradas irrelevantes si los proveedores pueden correr sus aplicaciones y los consumidores pueden accesar dichos servicios sin enfrentar la discriminación de dichos proveedores. Esto ocurriría, si los mercados ofrecieran suficientes ofertas alternativas de acceso.
Al respecto, las regulaciones asociadas a los servicios de voz PSTN, mismas que incluyen manejo de llamadas de emergencia e intercepciones legales, pueden ser aplicadas a los servicios VoIP en situaciones donde los consumidores consideran a los servicios VoIP como un reemplazo de los PSTN.
Sin embargo, la regulación tecnológicamente neutral debe interpretarse de forma tal, que no suprima la innovación tecnológica. Por lo anterior, si los regulaciones diseñadas para los servicios de voz PSTN son simplemente transpuestas a los servicios de VoIP, existirán casos donde los servicios de VoIP no las cumplirán, o estarán sujetos a requisitos tan fuertes que inhibirán el desarrollo de la nueva tecnología. En este sentido, la neutralidad tecnológica eficiente puede requerir modificar las regulaciones actuales, o desarrollar versiones especiales de la regulación de VoIP a fin de alcanzar los mismos objetivos que buscan la regulación de los servicios PSTN.
Fuente: El Economista, Fernando Butler Silva, Presidente del Colegio Nacional de Economistas
