Inicio Tecnología. SCT y Cofetel, requisitos de eficiencia

SCT y Cofetel, requisitos de eficiencia

Durante el sexenio que inicia, la SCT y la Cofetel, con la participación de la Comisión Federal de Competencia, deberán hacer frente a diversos y complejos temas en materia de telecomunicaciones, incluyendo a la radio y televisión abiertas, que pondrán a prueba la capacidad de negociación y decisión de esas autoridades.

Para la SCT y la Cofetel, el proceso de convergencia representará un reto tan grande como el que tendría que enfrentar un piloto de carreras cuyo coche tiene problemas en el motor, suspensión y sistema de transmisión, por lo que en caso de que la SCT y la Cofetel no hagan más eficientes sus métodos de trabajo, los problemas que hasta ahora han existido en la operación de redes convencionales se verán multiplicados con la entrada en operación de redes convergentes.

En estos casos, no basta ni siquiera con un extreme makeover, toda vez que es necesario modificar por completo muchas de las anquilosadas prácticas de trabajo que obligan a funcionarios a analizar y emitir resoluciones escritas de documentos cuya utilidad es en extremo cuestionable y que, en muchas ocasiones, son la causa por la que las autoridades no resuelven dentro de los términos que fija la ley.

En cuanto al cumplimiento de plazos, toda la industria está al tanto de que la SCT y la Cofetel toman, en conjunto, alrededor de un año para expedir un título de concesión de red pública de telecomunicaciones, aun cuando el plazo de ley es de 180 días.

Lo anterior ha contribuido a la creación de un mercado negro de venta de títulos de concesión que, en mi opinión, tiene visos de una extorsión de tres bandas donde lo que en realidad se ofrece es la posibilidad de no tener que esperar un año para obtener un título de la SCT, a cambio de un absurdo precio de salida que suele rondar la fantasiosa cantidad de un millón de dólares.

Cabe destacar que este problema ya ha sido señalado por los actuales comisionados, quienes se encuentran trabajando en agilizar el otorgamiento de opiniones favorables para el otorgamiento de títulos de concesión y permisos. No obstante, considero necesario que dicho procedimiento se acompañe de la obligación de notificar a los solicitantes las resoluciones que emita la Comisión.

El incumplimiento de plazos también se ha hecho patente en materia de interconexión, donde la Cofetel suele tomar alrededor de seis u ocho meses para resolver desacuerdos cuya resolución está prevista en ley dentro de un término de 60 días.

Sin embargo, lo más preocupante es que a diferencia de la apertura del mercado de las telecomunicaciones mexicano, donde existían desacuerdos en materia de tarifas, infraestructura, etcétera, hoy existen más negativas para proveer de interconexión que desacuerdos en cuanto a las condiciones de las mismas, y el uso de esta práctica anticompetitiva ya no se limita a Telmex sino que se ha extendido a concesionarios que en su momento sufrieron de dificultades para interconectarse a la red pública de telecomunicaciones del operador dominante.

El incumplimiento de plazos en materia de interconexión, así como lo complejo del procedimiento utilizado por la Cofetel para la resolución de desacuerdos, son temas que dicha autoridad está buscando resolver por medio de la publicación de un reglamento o Plan Fundamental de Interconexión en el que, entre otras cosas, se indicará el procedimiento a que deberán someterse los concesionarios y la Cofetel para la resolución de desacuerdos de interconexión.

Si bien será de gran utilidad que se estipule un procedimiento claro para la resolución de desacuerdos de interconexión, es también importante que la Cofetel tome las medidas necesarias para procurar que no sucedan negativas de interconexión y se reduzcan los desacuerdos en la materia.

Una de estas medidas podría ser la negociación y puesta en marcha de un sistema de ofertas de interconexión donde los operadores principales cuenten con ofertas y convenios de interconexión que se encuentren inscritos en el Registro de Telecomunicaciones, a cargo de la Cofetel, que puedan ser consultados y, en su caso, aceptados por cualquier concesionario.

En este caso, la resolución de desacuerdos de interconexión sólo sería aplicable cuando un concesionario requiera de condiciones distintas a las previstas en la oferta del concesionario con quien quiera interconectarse.

De igual importancia será que la Cofetel y la SCT no se limiten a resolver desacuerdos o negativas de interconexión, sino que también sancionen la negativa de concesionarios para proporcionar interconexión, además de que informen a la Comisión Federal de Competencia de esas prácticas.

Asimismo, contribuiría a contar con una mayor transparencia en los temas de interconexión el que la Cofetel se apegue a un espíritu de publicidad en sus actuaciones y publique las resoluciones que en su caso emita. Particularmente cuando dentro de dichas resoluciones se establezcan criterios generales.

Por otra parte, es necesario que la Cofetel y la SCT cumplan con la obligación que les fija la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de permitir a los interesados en un procedimiento administrativo conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de sus asuntos, así como expedirles copia certificada de los documentos contenidos en su expediente administrativo.

Finalmente, considero que el uso de “afirmativas fictas” por parte de la Cofetel y de la SCT, donde los particulares no tendrían que esperar a tener una resolución escrita para saber que su solicitud fue resuelta de modo favorable, contribuiría a agilizar el trabajo de sus respectivos funcionarios, a la vez que daría mayor certeza a los particulares con respecto al fiel cumplimiento de los plazos que fijan la legislación y regulación aplicable para la resolución de sus trámites.

*Asociado del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones y socio del despacho Borda y Quintana, SC, especializado en temas de telecomunicaciones.

Fuente: El Financiero, Por Iván Ruíz Moreno

Opinión