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Software libre en dependencias de gobierno

Respecto de otros países de Latinoamérica, México aún está a la zaga en cuanto al uso de esta tecnología, la cual puede generar cuantiosos ahorros al país, al no pagar licenciamiento por el uso de programas, aunque la asesoría es un costo aparte

Mientras que países como Brasil y Venezuela usan software libre (SL) por decreto en sus dependencias de gobierno, en México las autoridades empiezan a sopesar las ventajas del SL frente al software propietario.

En nuestro país no hay una ley que determine el uso de una tecnología en particular, lo que se conoce como neutralidad tecnológica. Al no enfocarse en marcas o plataformas tecnológicas específicas los funcionarios tienen la oportunidad de escoger las soluciones que satisfagan mejor sus necesidades, de acuerdo con José Luis Chiquete, vicepresidente de estándares y normatividad de la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre (Amesol).

Según Nahim de Anda, presidente de la Amesol, con el SL el usuario ahorra el costo del licenciamiento, más no los gastos generados por los servicios de una empresa especializada tales como capacitación, instalación, generación, actualización o adaptación de los programas. Esto permite a las organizaciones invertir en cuestiones como capacitación para el personal o equipos de cómputo.

Por ejemplo, recientemente Infotec, empresa que vendía el software Web Builder (con un costo de 75 mil dólares al año en licenciamiento) decidió liberarlo como SL. Esto, dice De Anda, trae implicaciones muy importantes en el gobierno mexicano pues se ocupa en varias dependencias.

De Anda relata que desde su nacimiento, a principios de los 80, el SL se adoptó en instituciones educativas y gubernamentales. Hoy en día los gobiernos estatales de casi 150 países ya lo implementaron por ley.

En México la industria del SL es relativamente nueva, aunque el entrevistado refiere una clara tendencia de crecimiento, principalmente en el sector gubernamental, donde los presupuestos limitados reducen la compra de novedosas tecnologías de la información (TI). «El SL abre una ventana de oportunidad porque les permite tener tecnología de alto nivel sin pagar el costo del licenciamiento», destaca.

Reveló que instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Cámara de Senadores, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya utilizan distintos programas libres.

De Anda indicó que gracias al SL, en los últimos tres años el gobierno de Michoacán ahorró cerca de 2 millones de dólares en licencias, mientras que en el sistema de internet de la Presidencia de la República, durante el mandato de Vicente Fox, se ahorraron alrededor de 60 millones de pesos.

José Luis Chiquete califica la adopción del SL en el gobierno como heterogénea. Si bien en algunas dependencias ya tienen máquinas trabajando a prueba, la implementación todavía depende de cada tomador de decisiones de compra de TI, de sus preferencias y de la falta de una política digital generalizada. «Uno de los grandes frenos es creer que en el SL no hay soporte de un proveedor, pero ya hay varias empresas que aunque no son propietarias del software dan servicios corporativos».

Chiquete propone como necesario un marco normativo y una política digital homogénea a todos los niveles de gobierno. Dice que los empresarios del SL están pugnando por licitaciones en las que no se especifique el uso de cierta tecnología, sistemas operativos o suites con determinada marca o modelo, sino licitaciones con base en las necesidades, así como adoptar estándares abiertos.

«Actualmente cada tecnología tiene ciertos formatos para hojas de cálculo y documentos de texto. Si una empresa adopta un producto de formatos cerrados y quiebra, toda la inversión en tecnología muere con la empresa porque no recuperan los archivos. Con estándares abiertos cualquier otro proveedor puede tomar la información y garantizar que no se pierda. (…) Lo que planteamos es tener un estándar de manejo de documentos, que cualquiera pueda acceder a ellos sin regalías, la información queda protegida usando cualquier tipo de tecnología».

Chiquete detalló que actualmente trabajan con la Comisión Intersecretarial de Gobierno Electrónico a nivel federal (que maneja las políticas públicas), y están en pláticas con la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda. «No hay cambios fuertes con respecto de la administración anterior, seguimos con la misma agenda, nuestra labor no es generar cambios radicales, sino armonizar con la industria, dar apertura a la neutralidad tecnológica».

A decir de los empresarios, México sigue siendo un país consumidor en vez de productor, por lo que es necesario que los empresarios de la industria de TI, ya sean de SL o propietarios, estén alineados, aumentar la demanda general de TI, llegar a acuerdos y establecer políticas que hagan propicia la competencia en el sector.

Fuente: El Universal