Las características de los drones, con su movilidad y recursos para captar imágenes, grabar audios, localizar señales inalámbricas, visualizar a través de muros o recibir señales ultrasensibles de sonidos, entre otras virtudes más, los hacen ser instrumentos potencialmente peligrosos en la salvaguarda de la seguridad, la privacidad y la intimidad de personas y organizaciones.
Ahora, ‘imaginen drones sobrevolando nuestras cabezas y recogiendo datos sin ningún control. ¿A quién le puede gustar este panorama? Pues para combatirlo hace falta aplicar un marco de seguridad’, explica Emilio Aced, responsable de Estudios Tecnológicos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Para 2020 se espera que se hayan multiplicado por cuatro las ventas de drones, sean de carácter civil o militar, e incluso representarán el 10% del mercado aeronáutico, según exponen expertos que han participado en la Drone Industry Summit, organizada por la consultora de comunicación Kreab.
Esta gran proliferación de aeronaves y el riesgo que implican para la protección de datos de los ciudadanos, se ha convertido en un tema de alta prioridad.
El principal riesgo de los drones es su indetectabilidad, según la AEPD ‘no son visibles a simple vista, puede haber un dron captando cualquier tipo de señal a 400 o 600 metros y pasar inadvertido’.
En este contexto, la información resulta clave, no puede haber un ciudadano que no esté informado de que se le está grabando y detectando sus movimientos. Sin embargo, según datos proporcionados por Francisco Martínez, Secretario de Estado de Seguridad, en año y medio se han localizado 150 operadores de drones que iban en contra de la normativa y 32 están pendientes de que se les abra un expediente regulatorio.
Ante el incontenible desarrollo de la tecnología y la innovación de dispositivos, aplicaciones y sistemas, los ciudadanos estamos siendo espectadores abrumados que van de una sorpresa a otra, sin la información ni la capacidad de procesar los acontecimientos y lograr una visión integradora que nos permita anticipar los posibles efectos benéficos y dañinos a que estamos expuestos con la irrupción de esta nueva era digital.
Este desafiante y a la vez esperanzador panorama exige una legislación integral que ampare los derechos a la seguridad, la privacidad y la intimidad de las personas y las organizaciones.
Con información de El País
