La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Juan Molinar Horcasitas, interpondrá recursos jurídicos para hacer valer su decisión de no prorrogar la concesión a la empresa SOS, subsidiaria de Iusacell de Ricardo Salinas Pliego.
Es un pleito legal entre la SCT y Iusacell por una concesión, cuyo valor asciende a alrededor de 2,500 millones de pesos.
En agosto pasado, la SCT tomó la decisión de no extender el tiempo de concesión sobre 25 megahertz en las bandas de 100 y 400 megahertz, con un valor aproximado a los 200 millones de pesos, porque Iusacell no las estaba utilizando.
Hay que referir que estos casi 200 millones es el costo aproximado con base en derechos, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que encabeza Agustín Carstens calculó el costo de dicha concesión en 2,500 millones de pesos, equiparándola a la banda 1.9 de telefonía móvil.
El argumento de la SCT para negar la prórroga a SOS, es contundente: SOS no estaba haciendo uso eficiente del espectro en penetración, cobertura y nuevas tecnologías.
Vaya, SOS no tenía usuarios ni planes de negocios en estas bandas y los ingresos que percibe el Estado por participación son casi nulos. SOS sólo reportaba dos usuarios.
En otras palabras, SOS sólo venía acaparando espectro, en detrimento de su utilización.
Luego de que la SCT decidió no prorrogarle la concesión, la empresa de Salinas Pliego interpuso un amparo y un juez le concedió la suspensión provisional, y posteriormente la definitiva.
Sin embargo, desde el punto de vista del director de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, aunque efectivamente Iusacell recibió la suspensión definitiva, no quiere decir que ya ganó el caso.
La dependencia del Ejecutivo federal interpondrá recursos jurídicos para hacer valer su decisión de no prorrogar la concesión a SOS.
En la SCT están convencidos de que les asiste la razón en virtud de que el gobierno federal tiene el derecho de imponer nuevas condiciones a los concesionarios para prorrogar, o no, las mismas condiciones y los usufructuarios tienen que resolver si las aceptan o no.
SCT revisa con lupa 146 prórrogas vencidas
La SCT está revisando a conciencia todos los casos de refrendos de concesiones bajo estrictos criterios para evitar la concentración de espectro, fomentar la competencia y obtener contraprestaciones en favor del Estado, entre otros.
Hay 154 prórrogas de concesión pendientes de resolución. El pasado 21 de agosto se resolvieron ocho. De estas últimas todas se resolvieron positivamente (siete para Nextel, de Peter Foyo) y sólo una de manera parcial, la de SOS, porque la parte que corresponde a telefonía móvil se prorrogó y en el caso de los 25 megahertz en desuso no se ratificó.
De las 146 restantes, 60 están vencidas. De ellas, 22 son de MMDS (de la empresa MVS, de Joaquín Vargas), 27 de trunking, ocho de paging y tres están bajo el concepto de “otros”.
Además, 86 están por vencer: 2009 (13), 2010 (11), 2011 (6), 2013 (1), 2018 (22), 2020 (29) y 2025 (4).
El objetivo de la política de la SCT es terminar al final de este año, con el rezago de las prórrogas vencidas (60) y las que vencen en este mismo 2009 (13).
La nueva política integral de la SCT prevé varios objetivos: recuperar espectro no utilizado; aplicar resoluciones jurídica y técnicamente sólidas; establecer candados con respecto al cobro, tales como el reconocimiento del concesionario de que el uso del espectro conlleva un derecho del Estado a percibir una contraprestación; se dejan a salvo facultades de la autoridad para verificar cumplimiento de obligaciones, se cobra al concesionario el uso del espectro entre la fecha de vencimiento y la fecha de resolución de la prórroga.
O sea, es una política de gobierno y se ve muy cuesta arriba que pudiera triunfar legalmente el interés de un particular. Al tiempo.
Fuente: El Economista, Marco A. Mares, México
